Cada vez somos más conscientes de la complejidad del mundo en el que vivimos, de las numerosas interrelaciones de las que dependemos y la incertidumbre con la que, en muchas ocasiones, tenemos que afrontar las soluciones. Esta realidad ha conducido a una mayor complejidad y horizontalidad de las políticas públicas, donde la suma de las políticas sectoriales ya no es suficiente para afrontar los retos que se nos presentan. Es necesario una visión más sistémica e instrumentos novedosos que se afronten el incremento de los desafíos ambientales.
El sector del agua tampoco ha sido ajeno a esta complejidad. En los últimos años, el gran desarrollo de las políticas ambientales, impulsado entre otros por el Pacto Verde europeo y sus instrumentos de desarrollo, han implicado a la gestión del agua en políticas como la mitigación y adaptación al cambio climático, la transición justa, la economía circular, el fomento de la biodiversidad, la prevención de la contaminación, etc.
Dicho de otra manera, el agua ha pasado de ser una mera política sectorial a estar implicado en el desarrollo de muchas políticas horizontales, convirtiendo al agua en uno de los sectores que más implicación tiene en distintas políticas. Esto hace que tengamos que cambiar nuestra perspectiva respecto a la gobernanza del agua y apostar por ella como una herramienta clave tanto para terminar de afrontar los conocidos problemas del sector, como para abordar la seguridad hídrica ante los nuevos retos y las futuras crisis.
El camino hacia una nueva cultura de la gobernanza
Con el objetivo de avanzar en este sentido, el pasado 19 de abril se publicó el informe “El camino hacia una nueva cultura de la gobernanza del agua”, elaborado desde la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS) y Conama.
El documento, fruto de los debates y reuniones que el Comité Técnico sobre Gobernanza del Agua de Conama desarrollo desde 2018, analiza la situación de la gobernanza del agua en España a través de los Principios de la Gobernanza del Agua de la OCDE (eficacia, eficiencia y confianza y participación) y su Marco de Indicadores de Gobernanza.
En él se muestra, sin lugar a dudas, cómo se ha desarrollado un extenso trabajo en materia de buena gobernanza del agua en España, si bien arroja luz sobre las carencias que todavía existen y las áreas que requieren de mayores esfuerzos, como el establecimiento claro de objetivos y su cumplimiento o los mecanismos que favorezcan la coordinación entre escalas territoriales.
También se tratan temas esenciales como la mejora de la capacitación, de la transparencia y los sistemas de información; la aplicación del principio de recuperación de costes o la importancia de establecer un adecuado y realista plan de inversiones. Se necesita, además, aplicar nuevas prácticas innovadoras de gobernanza de gestión del agua, que incentiven la experimentación para extraer lecciones y compartir experiencias antes de llevar a cabo reformas o procesos a mayor escala.
Otro de los puntos en los que se hace hincapié es que las instituciones deberían ser capaces de fomentar procesos innovadores de gobernanza en agua, promoviendo iniciativas de cooperación de abajo a arriba (bottom-up) entre el gobierno y los diferentes actores implicados. De esta manera, se pretende impulsar no sólo el diálogo, sino el aprendizaje social que pongan en marcha procesos de cooperación entre territorios y usuarios.
Además, son esenciales procesos multiagente de co-creación que permita apoyar la toma de decisiones y plataformas que favorezcan el aprendizaje de los fracasos en la política y la gobernanza del agua, para catalizar y ampliar las mejores prácticas. Se debe innovar, incluso, en los mecanismos habituales de compartir información, del intercambio de conocimientos y experiencias, que ayuden a superar la división entre ciencias, política y práctica, y también en las formas de generar capacidades, formación, concienciación y corresponsabilidad de las distintas partes interesadas.
Innovación más allá de la tecnología
La innovación en el sector del agua no debe limitarse a la tecnología, sino que debe ocuparse de facilitar nuevas formas de administración y gobernanza del agua, como ya lo han empezado a hacer otros sectores.
Este es el caso del sector energético, que en tantos desafíos se está viendo inmerso, donde ya se está diseñando un real decreto de innovación regulatoria (ha estado en audiencia pública hasta el pasado 1 de abril de 2022). La norma, que genera un banco de pruebas regulatorio para la puesta en marcha de proyectos piloto, permitirá que se pongan en marcha proyectos innovadores, limitados en volumen, duración y ámbito geográfico, que requieran aplicar exenciones de la regulación sectorial. Los ensayos que realicen dentro de los proyectos piloto se desarrollarán de forma segura y controlada y siempre con el fin de facilitar la investigación y la innovación en el sector eléctrico.
Si se invierte en sistemas innovadores de gobernanza, se podría conseguir una política del agua más interconectada y horizontal. Esto tendría un beneficio extra, ya que servirá como fuerza tractora de otros sectores como el agroalimentario, la industria, la energía, el turismo o el urbanismo, entre otros. Es decir, si en el marco del sector del agua se implementa una política de adaptación al cambio climático, esto impulsará la adaptación en dichos sectores de forma sinérgica.
En definitiva, es hora de atrevernos a innovar en nuevos instrumentos de gobernanza, generar bancos de pruebas que nos permitan explorar nuevas soluciones y asumir que de las equivocaciones se extraen las mejores propuestas. Esto, sin embargo, solo será posible de una manera: a través del compromiso real y la corresponsabilidad de todas las partes implicadas y de la generación de espacios seguros de innovación.
