El secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, anunció que el Grupo Parlamentario Socialista ha pedido una Comisión Especial de Investigación en la Asamblea Regional para que el Gobierno regional del PP dé cuentas de la gestión de la desalinizadora del Valle de Escombreras, a la que calificó como “uno de los caprichos de Valcárcel”.
El Partido Socialista quiere que el Gobierno regional explique los motivos por los que decidió la construcción de esta infraestructura, a pagar exclusivamente por la Comunidad Autónoma, cuando en la Región de Murcia ya había desalinizadoras en funcionamiento y además se estaban construyendo –con financiación del Estado y de la Unión Europea- las de Torrevieja y Valdelentisco.
Acompañado por la portavoz socialista en la Asamblea, Begoña García Retegui, y por el diputado regional Manuel Soler, Tovar exigió también responsabilidades sobre la gestión llevada a cabo, “porque la desalinizadora está generando una deuda para la Región que ya sobrepasa los 100 millones de euros, y además, si prospera la demanda que la empresa propietaria ha interpuesto, esa deuda superaría los 500 millones, que tendríamos que pagar entre todos los murcianos y murcianas”, subrayó.
El Partido Socialista quiere que el Gobierno regional explique los motivos por los que decidió la construcción de esta infraestructura
El agua más cara del mundo
“El PP dijo en 2007 que con el agua de Escombreras se iba a cubrir el consumo de la inmensa mayoría de la población de la Región de Murcia, y anunció convenios con más de 25 municipios de todas las comarcas, pero hoy sólo de esos tres municipios compran ese agua. Con ello, de los 50 Hm3 que haría falta producir para que la infraestructura fuese rentable, sólo se producen 4”, recordó el líder socialista, y remarcó que “como el contrato se firmó en malas condiciones para las arcas públicas, hay que pagar el agua –los 50 Hm3- aunque no se produzca, con lo que resulta ser el agua más cara del mundo”.
Y es que, tal como explicó García Retegui, la desalinizadora se construyó en suelo público cedido a una empresa privada. El Gobierno Regional contrató con ésta su construcción, y con otra empresa privada el precio del mantenimiento hasta 2034 “con el compromiso de comprar todo el agua que produjera para agua de boca para desarrollos urbanísticos”.
Después, una empresa pública regional compraba el agua a otra empresa pública regional, y la segunda vendía el agua a los ayuntamientos por toda la Región de Murcia. “El agua la compra una de las empresas públicas a 3,3 euros/m3, se la vende a otra empresa pública a 10,28 euros/m3, y ésta la vende a sus clientes (los ayuntamientos) a 0,6 euros/m3.
“El propio Tribunal de Cuentas afirma que los ciudadanos estamos subvencionando el 95% del agua de Escombreras, y alerta de lo incomprensible del contrato firmado en su día por la Comunidad Autónoma”, señaló Retegui.
Un descuadre de 300 millones de euros
Por su parte, el diputado regional Manuel Soler, que incidió en el “gran enredo” que supone que en la desalinizadora participen tres empresas públicas y dos privadas, explicó que el coste inicial de la inversión fue de 130 millones de euros. “Si en ese momento el Gobierno regional hubiera suscrito un préstamo, el primer año hubiera pagado 5.200.000 euros de intereses, y el año número 25 sólo 208.000 euros. La media anual de intereses habría sido de 2.700.000 euros, con lo cual la cifra total de intereses más comisiones en 25 años habría sido de 70 millones”.
“No salen las cuentas, porque en total hubiera costado 200 millones en vez de los más de 500 que realmente nos va a costar, aquí hay algo raro”, añadió Soler.
Finalmente, González Tovar afirmó que “Valcárcel no se puede ir a Europa sin despejar este gran pufo, uno más entre los que tiene en su cajón. Escombreras no es sólo un tema de mala gestión, es también un lastre para la economía regional, que tiene que añadir a los problemas de financiación que ya tenemos. Y los ciudadanos tienen que saber hasta el último detalle”.
