Con el fin de dar voz a todos los actores implicados en el ciclo integral del agua para que evalúen las actuaciones en materia hídrica del anterior Gobierno y establezcan, a su juicio, las prioridades del nuevo, desde iAgua hemos iniciado un ciclo de entrevistas llamado "La Nueva Política del Agua" (#NuevaPolíticaAgua). Hoy hablamos con Luis Babiano, Gerente de AEOPAS.
Pregunta: Recientemente, España ha vivido una moción de censura que ha terminado con un ciclo de más de 6 años de gobiernos del PP. ¿Qué balance general realiza de las políticas de agua llevadas a cabo desde la Administración General del Estado en esta etapa?
Respuesta: El gobierno del Mariano Rajoy llego en plena crisis… el partido popular creyó, y sigue creyendo, que era simplemente crisis financiera, una crisis del crédito, de anomalía momentánea del mercado. Éstas son sólo las consecuencias de la crisis. La crisis real es una crisis de modelo, de un modelo que especula con los recursos naturales, como el agua o el suelo, que ha centralizado la electricidad y que se basa en las energías fósiles. La periferia europea es profundamente extractiva en políticas de agua y suelo. En el caso del abastecimiento urbano esta situación especulativa se ve favorecida porque los ayuntamientos están mal financiados y su desarrollo ha dependido de la venta de su principal patrimonio: el suelo y los servicios públicos.
El elefante en la habitación es el cambio climático: nos enfrentamos a transformaciones radicales en el planeta en los próximos 30 años, no en dos siglos. Necesitamos un nuevo planteamiento económico que determine qué hacemos, entre otras cosas, con el agua. El gobierno Rajoy omitió este reto y no apostó por dirigir la configuración del sector financiero y de las grandes constructoras hacia nuevas formas de desarrollo tecnológico, sino que fundamentalmente convino, en el caso del agua, por ofrecerles fórmulas de negocio “seguros” que permitieran regar de ingresos a estas grandes empresas a costa de empeorar la calidad de los servicios, aumento de las pérdidas en la redes de suministro, ausencia de inversiones en infraestructuras y de una subida de las tarifas. Situación que supuso incluso, en muchas ocasiones, casos de pobreza hídrica.
Se acabó el ladrillo y hacía falta dinero. Los Ayuntamientos y alguna comunidad autónoma, como fue el caso de Madrid con el Canal de Isabel II, intentaron (y muchas consiguieron) hacer frente a gastos, inversiones y compromisos sin fondos, vendiendo los servicios de agua. Los ayuntamientos utilizaron el agua para “enjuagar” sus cuentas. De esta manera las empresas se hicieron con un mercado sin competencia local y con un usuario seguro y permanente.
En Europa, el paradigma neoliberal sacralizó la mal llamada “austeridad” y nuestro gobierno obligó a las Administraciones locales a priorizar, no el rescate de las familias, sino el control económico interno (lo que me parece que debería ser una cuestión permanente e incluso en las empresas privadas ya que seguramente Lehmann Brothers no se hubiera ido a la quiebra si hubiera habido los controles internos adecuados) y reducir su déficit público.
En este contexto, los grandes operadores privados ofrecieron su auxilio financiero a ayuntamientos con el dinero público que previamente el Banco Central Europeo y los propios gobiernos habían inyectado a sistema financiero en quiebra que controla a las constructoras propietarias de esos operadores. El poder financiero y las grandes constructoras, en gran medida, transformaron así sus propias crisis en una ventana de oportunidad para sus intereses, apoyándose para ello en esas políticas de falsa “austeridad”.
En desarrollo de esta estrategia se aprobó la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y, posteriormente, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Diseñaron un marco que favoreciera la privatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento y, a la vez, obstaculizara cuando no detuviera la recuperación de la gestión pública de los servicios privatizados, la remunicipalización.
Prueba de ello es que a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, se recogió una disposición adicional mediante la cual se establecía que, en caso de que algún servicio público local se esté gestionando a través de una empresa privada, y que se decida su remunicipalización, para prestarlo directamente por el propio Ayuntamiento o Entidad, las personas que presten ese servicio en la empresa privada no podrán integrarse, ni siquiera temporalmente, como empleados públicos del Ayuntamiento. Si bien se menciona expresamente que en dichos supuestos serán de aplicación las previsiones sobre sucesión de empresas contenidas en la normativa laboral, la redacción es deliberadamente ambigua, y da a entender que no se puede proceder a la reinternalización de ningún servicio público por vulneración de la tasa de reposición de efectivos. Esta ambigüedad ha dado lugar en algunos Ayuntamientos a interpretaciones contrarias a procesos de remunicipalización, que de facto los han impedido. Afortunadamente han surgido interpretaciones doctrinales de esta disposición adicional, más respetuosas y acordes con la autonomía local y con la posibilidad de reinternalizar la gestión de servicios públicos, que se están imponiendo. Estas interpretaciones están basadas fundamentalmente en que lo que hace la disposición adicional es positivizar de manera más o menos explícita, la figura jurídica del denominado personal subrogado, personal que no tendría la condición de empleado público aunque se encuentre al servicio de una Administración Pública, que antes prestaba el servicio bajo la dependencia de la empresa concesionaria y tras la remunicipalización lo presta para la Administración o un ente dependiente de la misma, en las mismas condiciones de derechos y deberes que tenía, de tal manera que no forma parte de la plantilla, no puede participar en procesos de selección o promoción interna, sólo en los de turno libre, y en caso de nueva externalización del servicio pasaría a depender de la nueva concesionaria. En todo caso, esta cuestión debe abordarse seriamente por el nuevo gobierno mediante una nueva regulación más clara y concreta que además pase por una reforma del artículo 85.2 de la Ley de Bases de Régimen Local que devuelva a las Entidades Locales su autonomía para determinar la forma de gestión de los servicios.
En el Estado español, la opción entre la gestión directa y la gestión indirecta, conocida como privatización del servicio, no puede hacerse al margen de lo que resulta de lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, que exige, respecto a la gestión indirecta (que es la que se articula mediante un contrato de naturaleza administrativa) una justificación expresa y un descarte de la opción directa. Por lo que aquella, es decir la gestión indirecta, ha de considerarse subsidiaria respecto a la gestión directa (artículos 22 y 109 de la LCSP), salvo que la gestión indirecta ofrezca unos resultados sobre la eficiencia y la sostenibilidad mucho mejores que la gestión directa. Pese a este carácter “subsidiario”, pese a demostrar la viabilidad del modelo de gestión directa, la Administración General del Estado, en su lucha contra la vuelta a lo público, llegó a presentar un recurso contra la aprobación por el pleno municipal de la constitución y estatutos de la entidad pública empresarial local para la gestión del ciclo integral del agua de Valladolid, incluidos los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración, que se devolvían a manos públicas, después de más de veinte años concedidos a una empresa privada. El recurso fue desestimado, lo que evidenció que el gobierno, en algunas ocasiones, utilizó a la Administración General del Estado como un instrumento político contra las competencias municipales.
El Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España ha impulsado una estrategia de roturación temeraria a base de talar y quemar los valores de lo público. Se ha animado a las grandes corporaciones a convertirse en monopolios y a substituir a administraciones en sus funciones tradicionales. Por ejemplo, a través del presidente de Aguas de Barcelona, nos enteramos que hace tres años, el Gobierno preparó, con el apoyo de las organizaciones empresariales del agua, un borrador de Ley para el ciclo urbano del agua donde se pretendía que las corporaciones regularan el sector. Todo ello creando un marco regulador que limitara el poder de los municipios, que son los titulares en el caso del abastecimiento de agua, y de muchas comunidades autónomas que tutelan esa titularidad en función de sus competencias.
Esta situación de tala y quema está ya muy dentro del ministerio. Recientemente la multinacional Suez, presentó, con el logo del ministerio, el borrador de un “Texto base para la elaboración de los procedimientos de diseño de las infraestructuras para la gestión de los desbordamientos de sistemas de saneamiento (DSS)” donde se pretende impulsar, de nuevo, el hormigón, como la única fórmula para el “control” de las inundaciones. Es decir, a medida que la crisis financiera aminora - la anomalía momentánea del mercado se supera - las corporaciones impulsan, de nuevo, el paradigma del hormigón. Estamos supeditando la gestión y la eficacia en pro del beneficio de unos pocos interesados. No hemos aprendido nada.
P.- La política de agua ha quedado encuadrada en el Ministerio para la Transición Ecológica encabezado por Teresa Ribera y Hugo Morán. ¿Cuáles diría que son sus principales retos y qué espera de su acción de gobierno en materia de agua?
R.- Como he señalado antes, el elefante en la habitación es el cambio climático: nos enfrentamos a transformaciones radicales en el planeta. Necesitamos un nuevo paradigma de gestión del agua. En este sentido, al nuevo Ministerio le pedimos que ponga en marcha de manera decidida las medidas contempladas por el propio partido socialista en su “documento de bases para un acuerdo de país sobre agua”. Es decir que cumpla con lo que estos seis años de trabajo ha ido elaborando en su laboratorio de ideas. Que sea coherente entre lo que “dice” y lo que “hace”.
Para hacer frente al cambio climático, es necesario impulsar una transición hidrológica y, para esto, que la nueva política del agua sea fruto de un gran pacto social fundamentado en sólidas bases científicas y técnicas. En este punto, tal como aparece en el propio documento, es prioritario realizar una auditoría hidrológica sobre cuantía y estado de los derechos concesionales, estado de las infraestructuras, uso efectivo del recurso, calidad de las aguas… que sirva para elaborar una serie de Leyes que ayuden a hacer frente al cambio climático y a frenar las políticas de tala y quema sobre lo público que el anterior ejecutivo impulsó. El agua es un bien público que no puede ser abandonado al albur de los intereses del mercado, y es un derecho que las administraciones vienen obligadas a garantizar al conjunto de los ciudadanos.
En el mundo domina ampliamente la gestión pública, pero en nuestro país crecen las presiones privatizadoras, como forma simplemente de alimentar las arcas municipales. Esta fórmula de privatización es meramente especulativa y está derivando en una reducción de la inversión en el ciclo urbano del agua. El dinero que reciben los ayuntamientos por los llamados cánones concesionales es destinado a usos que no son del ciclo del agua. Se ha pasado de la financiación municipal desde el ladrillo a intentarlo a través de la privatización de los servicios… Para hacer frente con éxito al cambio climático debemos romper la burbuja hídrica. El Proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios postales ofrece una importante ocasión de cambios legales necesarios: que obliguen a que el canon concesional vaya a inversiones en el servicio de aguas; que eviten la dilación de contratos; que eviten beneficios impropios de los concesionarios privados sobre la base de “blindar los mercados de inputs secundarios”, imponiendo que las compras, contrataciones y subcontrataciones se hagan por concurso público y no por contratación directa a empresas del propio grupo… Al respecto sirva de ejemplo el resultado de la investigación sobre el “caso Pokemon” que revela que hubo un 89,7% de auto-compras directas (sin concurso) a empresas del mismo grupo.
Hay que dotar a las Confederaciones de medios y de cuadros técnicos capacitados para gestionar estas nuevas pautas, que ya no se centran tanto en el fomento de obras hidráulicas. No tenemos organismos de cuenca dotados del personal necesario para garantizar el actual cumplimiento de las directivas europeas. Si queremos tener éxito en establecer medidas para mitigar el cambio climático también necesitamos un reforzamiento de nuestras instituciones.
Hay que modificar y actualizar, por ley, la financiación que requieren los municipios, especialmente los de menos de 20.000 habitantes, ante el Cambio Climático, tanto en la renovación de redes, como ante el reto del saneamiento y del drenaje urbano. Debemos además hacer frente al binomio agua y energía.
Hacer cambios legales que favorezcan la economía circular; que permitan desarrollar opciones de regeneración/reutilización de caudales mediante dobles redes, abasteciendo usos como la evacuación de inodoros y otros con aguas regeneradas y reutilizadas, especialmente en línea de costa.
Promover nuevos modelos de gestión pública participativa, desde la transparencia y la participación ciudadana que la gestión pública ofrece, al menos potencialmente, garantizando las inversiones necesarias bajo la lógica del interés general, y no desde la prioridad de generar beneficios para las empresas (que preside lógicamente la gestión privada) ni de la compensación del déficit financiero que se impone a los Ayuntamientos.
Las políticas deben rehuir de posiciones del blanco o negro, deben de hacer frente a la complejidad. Es posible una gestión colaborativa entre el sector privado y el sector público, pero es forzoso que el gobierno reconozca y fomente la primacía de lo público. Estamos en un país democrático en el que lo que se acuerda en los despachos debe ser ajustado y transparente y en el que el interés público debe prevalecer sobre el privado. Esa debe de ser la base del gobierno del agua.
El nuevo ejecutivo debe ser capaz de especificar cómo articular una praxis política capaz de recuperar el ideal de la igualdad e impulsar la Tercera revolución industrial, también llamada Revolución científico-tecnológica (RCT), concepto tomado de teóricos como Jeremy Rifkin, como garantía para hacer frente al cambio climático. Esta revolución debe tener la planificación, la transparencia y la participación social como su eje central ya que la inversión en tecnologías emergentes debe combinarse con la aceptación social y política para transformar radicalmente la economía y evitar el cambio climático.
