Después de dos meses de tensión y acusaciones cruzadas en Extremadura, el pasado viernes 15 de noviembre resultaba ser una fecha importante en esta batalla contra la catástrofe ambiental que afecta a Extremadura desde hace más de 10 años. En efecto, se acababa el plazo para presentarse a la licitación convocada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) para la enajenación del “Aprovechamiento para su destrucción de Eichhornia Crassipes en el río Guadiana (Badajoz)”, que ha causado gran polémica.
Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
En la primera quincena de septiembre se confirmaba que la Unidad Militar de Emergencia se incorporaría a la lucha contra el camalote o Jacinto de agua. Un verano caluroso, habitual en Extremadura, junto con el exceso de nutrientes en el río (fosfatos y nitratos), habían hecho crecer la plaga de nuevo de forma espectacular.
A finales de esta quincena, la Delegación del Gobierno de Extremadura confirmaba que se estaba preparando una estrategia conjunta, un Plan Estratégico contra el camalote, en coordinación con los Ministerios de Defensa (a través de la UME), el Ministerio de Transición Ecológica, la Confederación Hidrográfica del Guadiana e, incluso, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Sin embargo, parte de la sociedad extremeña acababa por explotar: hasta 700 vecinos y 53 colectivos convocantes se manifestaban en El Pico (Badajoz), portando lazos verdes, que se extendían como símbolo para sensibilizar sobre un “problema ambiental gravísimo”, y la exigencia de “no sólo retirar el camalote, sino extinguirlo”. Se prometieron entonces nuevas manifestaciones cada 15 días.
Sin duda, las declaraciones en agosto del presidente de la CHG, Samuel Moraleda, sobre que el camalote sólo era “un problema de imagen”, ayudaron a impulsar estas movilizaciones a través de redes sociales. Cuando el lazo verde ya lo portaba el alcalde de Badajoz, la CHG prometía la publicación de licitaciones con medidas contra el camalote.
Ya en la segunda quincena, las reuniones entre órganos del Gobierno y la Junta de Extremadura, la Universidad de Extremadura (UEX), la CHG y la UME trataban de determinar medidas y medios para intentar acabar con el camalote, que empieza a amenazar seriamente al embalse de la Alqueva, en la frontera con Portugal y el más grande de Europa Occidental, lo que convierte el problema en una amenaza ambiental internacional.
Mientras tanto, el exuberante camalote se acumulaba cerca de las viviendas de la barriada San Antonio en Mérida y el pleno del Ayuntamiento de Badajoz decidía solicitar la elaboración de una auditoría sobre los 32 millones de euros gastados en la lucha del camalote desde 2005. Al tiempo, había voces que exigían medidas tan drásticas como dragar el río y erradicar el camalote junto con el nenúfar mexicano y el helecho de agua, que también empiezan a colonizar el Guadiana. Otros grupos (APAG Extremadura ASAJA) proponían usar un herbicida natural desarrollado por científicos de la Universidad, mientras que asociaciones ecologistas pedían todo lo contrario. En el cruce de acusaciones, la CHG se defendía afirmando que este producto de la UEX no se comercializa y que no es apto para el camalote.
Ya a primeros de octubre, el murmullo se había extendido por toda Extremadura, y expertos de diversos ámbitos clamaban en los medios por la “incompetencia” que han mostrado los organismos responsables de acabar con el camalote, el “chapapote” de la región. Los más optimistas recordaban que la región debe aprovechar también la oportunidad para generar I+D exportable. Es decir, que no sólo es cuestión de retirar el camalote con fuerza bruta, sino dejar trabajar a biólogos, botánicos e ingenieros, entre los que me gustaría incluirme.
El 5 de octubre, con Portugal definitivamente implicado, se da un paso más con la licitación de los “Trabajos de prevención, vigilancia y alerta para controlar la dispersión del camalote en el tramo del río Guadiana entre Mérida y frontera con Portugal” por parte de la CHG, con un presupuesto de 974.105,91€, dentro del proyecto ACECA del programa INTERREG de cooperación transfronteriza, avalado por la Unión Europea.
Días más tarde, el 16 de octubre, por fin 122 operarios de la UME comienzan a apoyar a los trabajadores de la CHG y TRAGSA (empresa encargada por la CHG de los trabajos habituales de retirada del camalote). Los trabajos, que durarán el resto del otoño y el invierno comienzan con gran efectividad y, en apenas una semana, ya se habían retirado más de 10.000 m3 de camalote.
Sin embargo, el día 30 de octubre una de las barreras de contención aguas arriba de Mérida se rompe y el camalote cubre gran parte del tramo entre el Puente Romano y el Puente Lusitania, lo cual coincidió con la publicación de la polémica licitación mencionada al principio.
Con la entrada del mes de noviembre, y para paliar las voces que calificaban esta licitación como “muy peligrosa” porque suponía “comerciar con el camalote” e iba “en contra de recomendaciones de organismos internacionales”, la propia CHG se defendía de las acusaciones publicando el dossier “14 preguntas y respuestas sobre el camalote”. En él, aunque se defiende la gestión realizada hasta ahora y se dan explicaciones de buen grado al público, no se encuentra ni un ápice de autocrítica. La severa eutrofización del Guadiana a su paso por Extremadura es quien nutre al camalote (de hecho, la variedad extremeña del camalote es la más agresiva y que más semillas produce del mundo), y de ello no se encuentra en el dossier más que una par de referencias veladas, que más bien acusan a la agricultura.
Finalmente el día 14 de noviembre, el problema llega al Senado donde continúan las críticas a esta última licitación, ya que sólo se centra en la retirada del camalote y su comercialización. El problema del camalote ya no es sólo un problema ambiental, sino que se ha convertido definitivamente en un problema que atañe a toda la sociedad.
La polémica licitación
En efecto, el Pliego de la licitación para el aprovechamiento para su destrucción del camalote se encuentra lleno de contradicciones, que lo han convertido en la puntilla definitiva en esta escalada de tensión y cruce de reproches que se ha descrito.
La CHG defiende que no es una comercialización, pero es evidente que a través de una licitación, la empresa adjudicataria se aprovechará económicamente del camalote ya retirado, y en caso de no poder hacerlo, no le interesaría presentarse.
Además, es obvio que en el Pliego se hace referencia el Reglamento Europeo 1143/2014, donde se contempla esta posibilidad: “el uso comercial de especies exóticas invasoras […] como parte de las medidas de gestión destinadas a la erradicación…”
En segundo lugar, el Pliego establece unos importes para participar en la licitación de 5.000 €/año (como canon fijo) más un canon variable mínimo a 0,10 €/ton. En otras palabras, que las empresas interesadas tendrán que calcular si, a partir de estos importe mínimos, les resulta económicamente rentable ofertar al alza para tener las máximas posibilidades de ser adjudicatarias. Puesto que el camalote no se erradica con su simple retirada, este tipo de licitación es muy susceptible de ser recurrente en el futuro. Sin olvidar que, a pesar de no ser una comercialización, la cuenta bancaria donde tienen que realizar los pagos está perfectamente expuesta en el Pliego.
En tercer lugar, el Pliego pondera en mayor medida la oferta económica (60%) sobre la memoria técnica (40%), donde se deben describir los elementos técnicos, medios aplicados al trabajo, el programa de trabajo, la vigilancia en la calidad de los trabajos y las medidas ambientales. Es por tanto lícito pensar que, en una situación donde pesa más la oferta económica es que, de hecho, hay un interés económico.
Si no hay intención de dicha comercialización, ¿por qué no se cede el camalote a la empresa que asegure su retirada con las mejoras medidas ambientales, de la forma más eficiente y segura?
El tiempo dirá si, a largo plazo estas nuevas estrategia de la CHG y del resto de organismos son acertadas, aunque está claro que los extremeños no podemos esperar otros 13 años a que se establezcan unas directrices claras para solucionar este problema. Y, desde luego, para recuperar el Guadiana no nos vamos a conformar con esperar a que, como dice el dossier de la CHG, lleguen “varios inviernos lo suficientemente largos y fríos para conseguir el deterior total de la planta”.
La polémica no ha hecho más que empezar.
Si quieren profundizar un poco más, les recomiendo el reportaje de J. López-Lago para el periódico HOY y mi entrada de blog para iAgua.
