Hace décadas, la ciudad “inteligente” europea en materia de gestión del agua era aquella que era capaz de atacar adecuadamente los principales índices técnicos y económicos del ciclo. Así, ocurría con frecuencia que existían grandes diferencias entre el agua captada, potabilizada e inducida a la red y la que finalmente se cobraba. Entre uno y otro dato se daban diferentes problemas; desde la presencia de parques de contadores poco fiables, pasando por la existencia de suministros gratuitos o el propio fraude.
Las ciudades que simplemente conseguían que los usuarios domiciliasen sus recibos, o que las redes no sufrieran problemas de mantenimiento, avanzaban grandes pasos; pudiendo así los municipios dedicar los ahorros conseguidos, o los nuevos ingresos que hasta entonces se estaban perdiendo, a reinvertirlos en la modernización de los sistemas integrales de gestión del agua y tratamiento de aguas residuales.
Han ocurrido muchos cambios en el ámbito de la gestión del agua en las ciudades. Los avances tecnológicos aportados por el sector privado han permitido una optimización de las técnicas empleadas en todos los pasos el ciclo del agua, incluyendo el suministro energético empleado. También la concienciación del ciudadano parece que es mayor en cuanto al consumo responsable. La normativa también se ha desarrollado considerablemente, y en muchos casos incrementando la protección del medioambiente.
Lo que ahora se pretende con las Smart Cities es garantizar un suministro de agua sostenible
Este avance en tantos ámbitos ha podido observarse también en otros servicios urbanos, con mayor o menor intensidad. Y, sin embargo, siguen presentándose retos importantes para las ciudades, tanto en aquellas situadas en el entorno europeo como las de otros continentes, en los que incluso la presión de la población urbana es aún mayor. Es sorprendente conocer las perspectivas existentes en cuanto al trasvase de las poblaciones de ámbitos rurales a las ciudades, en Europa se sitúa en una proporción del 50% y en algunos países de Latinoamérica alcanza el 80%.
Así, lo que ahora se pretende con las Smart Cities es garantizar un suministro de agua sostenible, es decir, suficiente, barato, seguro y respetuoso con el medio ambiente.
Pero conviene, al menos en el ámbito europeo, manejar el término con soltura; aunque sólo sea por razones prácticas. Una de ellas tiene que ver con la comunicación entre los agentes involucrados en el sector urbano, ya que se trata de un concepto ya muy consolidado.
Por otro lado, la Unión Europea ha abrazado este término y la Comisión está dirigiendo esfuerzos notables para promover iniciativas dirigidas al desarrollo y consolidación de las Smart Cities. Estas incluyen dotar de importantes espacios de trabajo en red a los agentes que intervienen en la gestión de las ciudades hasta incorporar la obligación a los países de invertir un mínimo del 5% de los fondos de desarrollo regional en desarrollo urbano integrado sostenible.
A estas iniciativas se le unen las importantes oportunidades actualmente abiertas de financiación de proyectos transversales de Smart Cities para actuaciones en diferentes ámbitos como el transporte, la energía, el uso de las tecnologías, en el marco del Horizonte 2020. Se trata además de acciones dirigidas a consorcios en los que no sólo pueden estar presentes las administraciones públicas, sino las instituciones académicas y, de forma muy destacada, las empresas privadas; y todo ello con elevados porcentajes de financiación. De igual modo, instituciones multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la propia Comisión Europea tienen previsto incrementar su acción en la esfera de las ciudades sostenibles en Latinoamérica, en la que se han detectado unas enormes necesidades de infraestructuras.
Por último, y en un momento en el que se habla de colaboración público privada, en el que la contratación está avanzando hacia fórmulas supuestamente más flexibles como el diálogo competitivo; es previsible que las administraciones locales comiencen a introducir los conceptos de Smart Cities entre los criterios de calidad de los servicios urbanos gestionados por terceros; por tanto, conocer estos conceptos será relevante en la licitación pública.