El 27 de setiembre del 2009, en consulta popular, el 97% de los pobladores de seis distritos de la provincia de Islay, Arequipa, en la costa sur de Perú, rechazaron el proyecto minero Tía María y La Tapada, a cargo de Southern Copper Company (SCC), bajo control del grupo México, en el que se invertiría más de US$ 950 millones, durante 21 años para extraer cobre a tajo abierto.
El pueblo islaíno reafirmó su posición de rechazo a la minería, pese a que más del 60% de su territorio está concesionado a esta actividad, y continúa apostando a la agroexportación que le ha permitido a sus 50 mil habitantes lograr altos niveles de desarrollo humano, con ingresos per cápita de más de 800 soles por habitante y esperanza de vida de 74 años, niveles de pobreza de menos del 10%, debajo del promedio nacional y registrando apenas 0,8% de extrema pobreza al 2015, según el Banco Central de Reserva del Perú.
Pese a estos resultados, hace unos días, el Gobierno sorpresivamente le concedió el permiso de construcción a dicha empresa minera, sin la correspondiente licencia social. Esto ha motivado la reacción del pueblo de Islay, paralizando indefinidamente las actividades en la provincia, bloqueando carreteras y efectuando marchas de protesta exigiendo la anulación del permiso, y reiterando su negativa a las actividades mineras.
En los últimos días, las movilizaciones sociales se han extendido a Candarave, departamento de Tacna, donde 5,800 agricultores piden retirar la licencia de agua a Southern y se declare en emergencia hídrica a la zona, ya que la producción minera estarían secando las lagunas de Vizcachas, Suches y Aricota, afectando y contaminando seriamente al sector agrícola y pecuario. Demandan a la empresa les otorgue una compensación por el uso del agua, que extraen de la superficie y subterráneo para sus minas de Toquepala (Tacna) y Cuajone (Moquegua).
Es necesario indicar que desde 1994, cuando Southern empezó la etapa de exploración en Islay, se registraron protestas cíclicas que se han agravado peligrosamente en la última década. Los intentos fallidos del inicio del proceso extractivo, ha causado seis civiles fallecidos por impacto de bala (ninguno indemnizado) y un policía, muerto a golpes en protestas locales.
Igualmente, es necesario subrayar que varios dirigentes islaínos actualmente están procesados judicialmente, y muchos de ellos —dado su liderazgo y ascendencia social— han sido candidatos a cargos públicos en las últimas elecciones regionales. Cuentan con el apoyo y asesoramiento de organizaciones no gubernamentales ambientalistas y partidos políticos de izquierda.
En esta provincia arequipeña, la población impasible en su posición de ‘Mina, no; agricultura, sí’, tiene el temor y la desconfianza —dado los malos antecedentes ambientales de la empresa minera[1] en su operación en territorio peruano—, en que la extracción de cobre afecte las aguas del rio Tambo, único afluente en la provincia; altere la reserva hídrica subterránea y desequilibre el ecosistema y el actual abastecimiento de agua a las actividades socioeconómicas del lugar.
Argumentan que la extracción de cobre afectaría sus actividades pesqueras, ecoturísticas, pecuarias y, principalmente, les afecte la producción de arroz, caña de azúcar, alcachofa, páprika y otros cultivos en el valle del río Tambo, donde laboran más de 20 mil personas, exportando productos de gran demanda mundial, actividad principal de la economía en la provincia.
Las dudas en la población y sus autoridades persisten pese a que la empresa minera ha prometido, luego de sucesivos cambios, observaciones y correcciones de su Estudio de Impacto Ambiental, que utilizará agua salada del océano Pacífico, construyendo una planta desalinizadora, y no contaminará el ambiente ni afectará el ecosistema local.
Lo cierto es que la extracción a tajo abierto o en la superficie es uno de los más contaminantes. “Las preocupaciones ambientales incluyen la alteración del suelo, vegetación y ríos locales durante la preparación del sitio; contaminación atmosférica proveniente de la separación, concentración y procesamiento (polvo fugitivo y emisiones de la chimenea); ruido del transporte, transferencia, trituración y molienda del mineral; contaminación de las aguas superficiales por los derrames de los molinos y plantas de lavado; contaminación de las aguas freáticas debido a las fugas de las pilas de relaves y piscinas de lama; contaminación de los suelos, vegetación y aguas superficiales locales debido a la erosión eólica e hídrica de las pilas de desechos; eliminación de los desechos; impactos visuales; y conflictos en cuanto al uso de la tierra”[2], señala una investigación de un caso parecido en Colombia, referida a los estragos de esta práctica extractiva minera.
El gobierno subraya que con la operación de Tía María, lograría S/ 5.500 millones (unos US$ 1.815.00) por concepto de canon y regalías. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha pronosticado que la economía peruana alcanzaría en el 2019 la tasa de crecimiento de 3,4%, y no de 3.2% como vaticinan los analistas. El Presidente Martín Vizcarra a expresado: "Queremos que se cuide el medioambiente y se respete el entorno”.
La Southern proyecta que de seguir paralizado su proyecto el departamento de Arequipa perderá 3,000 colocaciones laborales durante la fase de construcción y 650 nuevos durante la operación; así como, 3,500 puestos de trabajo indirectos. Estiman que el proyecto Tía María tendría un efecto multiplicador de más de US$1,400 en la región.
Las posiciones están encontradas y entrampadas: el gobierno ha señalado firmemente que no retirará la licencia de construcción. La minera continúa promoviendo y ejecutando obras y servicios sociales, y apoyado la agricultura y ganadería; pero los islaínos han respondido rotundamente que no necesitan de la minería para lograr progreso, desarrollo sostenido y bienestar social.
¿Qué hacer, entonces? Primero: sin diálogo, no habrá ninguna solución, y éste —dado los antecedentes sociales y el impacto económico—, debe ser al más alto nivel. Segundo: evaluar y definir qué es más importante: la voluntad del pueblo o el interés empresarial, dada la coyuntura política y socioambiental nacional. Tercero: ¿es necesario reformar el marco legal minero? Cuarto: dilucidar si la agricultura y el turismo pueden cohabitar con la actividad extractiva minera.
Y, finalmente, una pregunta a nuestro estamento político: Perú, siendo uno de los primeros productores mundiales de oro, plata, cobre, zinc, estaño y plomo, y haber contribuido en los últimos cien años en el enriquecimiento de innumerables empresas multinacionales y fortunas personales, ¿por qué no vence la pobreza y logra el desarrollo y el bienestar deseado?
[1] Hasta el 2015 tenía 16 sanciones tanto del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas (Osinergmín) como de la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Ver: https://www.ocmal.org/southern-copper-dice-que-cuida-el-medio-ambiente-pero-informes-oficiales-senalan-lo-contrario/
[2] Carlos Arturo España Hoyos, Carlos y Serna Córdoba, Modesto. (2016) Impacto ambiental y social de la minería a cielo abierto con maquinaria pesada en el municipio de Condoto, departamento del Chocó, a partir del año 2000. Universidad de Medellín, Colombia.
