"Una cartografía de inundabilidad no es algo negociable, que se pueda quitar o poner"

P.- ¿Cómo ha evolucionado el desarrollo urbano en la Comunidad Valenciana en las últimas décadas en términos de ocupación de zonas inundables?

R.- La Comunidad Valenciana ha experimentado, en prácticamente cada década, unos años de crecimiento elevado seguidos de crisis económicas que han frenado el desarrollo urbanístico. En cuanto a cómo estos desarrollos urbanísticos han ido ocupando zonas inundables, debemos aclarar que desde 1993 disponemos de cartografía de peligrosidad de inundación, elaborada por el Departamento de Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia para la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (COPUT). Esta cartografía evolucionó y en 2003 se incorporó en el denominado Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), revisado en 2015, con un importante crecimiento en la identificación de zonas inundables. A estas cartografías hay que añadirles las elaboradas para el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) por los organismos de cuenca. Con ello, quiero matizar que en los últimos treinta años no se ha dispuesto siempre de la misma cartografía de peligrosidad de inundación y, consecuentemente, se han ocupado zonas inundables, no cartografiadas inicialmente, pero que en sucesivas revisiones sí se han identificado como tal.

Dicho lo anterior, y considerando la cartografía del PATRICOVA de 2015 como la referencia que mayor cobertura de la Comunidad Valenciana presenta, podemos observar que en los últimos treinta años los tejidos urbanos compactos y residenciales han crecido en zonas inundables en un 12%, mientras que los tejidos urbanos extensivos y discontinuos residenciales han ocupado zonas inundables en un 200%. No obstante, son las actividades industriales y comerciales las que mayor ocupación de zonas inundables han experimentado, con un incremento del 235% en treinta años.

No obstante, insisto en que parte de dichas ocupaciones se llevaron a cabo en zonas que las primeras cartografías de peligrosidad de inundación no identificaban  como inundables, y otras desarrollaron estudios de inundabilidad específicos debidamente aprobados que incorporaban medidas de correctoras o de integración en zonas inundables.

P.- ¿Era previsible un acontecimiento de esta magnitud desde el punto de vista urbanístico?

R.- Con la información actual sobre zonas inundables, y con el conocimiento de la ocupación de dichas zonas por los desarrollos urbanísticos, sumado a  un crecimiento significativo a partir de la década de los años sesenta, las administraciones en todos sus niveles sí eran conscientes de la elevada vulnerabilidad del tejido construido en zonas inundables.

Sin embargo, pienso que no era imaginable la magnitud alcanzada por este suceso, que ha superado las previsiones de inundación cartografiadas como muy extremas. Una cosa es que uno prevea que, para quinientos años de periodo de retorno, el calado que puede alcanzar la inundación en un municipio sea inferior a 80 cm, algo para lo que la población puede prepararse y actuar, y otra es que de repente alcance los dos metros; para estos calados, el planeamiento urbanístico no estaba preparado.

P.- ¿Cómo se corrige la situación en las zonas inundables ya urbanizadas?

R.- Actuar sobre zonas inundables urbanizadas es una labor costosa y de difícil corrección. Particularmente, pienso que deben identificarse minuciosamente las ocupaciones sobre zonas de muy elevada peligrosidad y planificar a corto y medio plazo su relocalización, destinando estos suelos a espacios libres, transformándolos en zonas verdes. Esto, dependiendo de las zonas y el número de ocupaciones que convenga trasladar, supone unos muy elevados costes de expropiación o, en su caso, de nuevas construcciones en localizaciones más seguras.

Adicionalmente, en zonas altamente ocupadas se deben llevar a cabo medidas estructurales de corrección y mejora de cauces, desvíos parciales de los caudales a través de infraestructuras verdes, o protección de ciudades mediante motas perimetrales, entre otras. Y viendo lo sucedido en Valencia, considero que no podemos permitir que esta situación se repita. Para ello, debemos conducir el agua desbordaba hacia zonas agrícolas. Zonas que, si bien serían sacrificadas a costa de proteger las áreas urbanizadas donde reside la población, su recuperación y los costes en daños y reposición son muy inferiores a las zonas urbanizadas.

P.- ¿Serán evitables estas catástrofes en el futuro?

R.- Evitables completamente no. Debemos pensar que cuando intervenimos un territorio con una elevada intensidad de actuaciones, algunas pueden colapsar. Es imprevisible. Pero sí pueden verse reducidos los efectos negativos de una avenida como la sufrida hace unas semanas, potenciando actuaciones como las anteriores: orientando los futuros usos con una visión territorial integrada, y formando a la población para que sea consciente de los riesgos con los que convive y se adapte a los mismos, siendo conocedores del nivel de protección que pueda haber y de los riesgos de que parte de dichas protecciones colapsen.

P.- ¿Existen decisiones de planificación previas que hayan agravado los efectos de la DANA en esta zona?

En la zona de l’Horta Sud, desde el año 1986, en el que se aprobó la ley 12/1986, de 31 de diciembre, de creación del Consell Metropolità de l’Horta, existen unas Normas de Coordinación y una cartografía de inundabilidad aplicable. La mayoría de los Planes Generales son de los años noventa y finales de los ochenta, aunque algunos se han revisado en este siglo como Albal, Catarroja, Sedaví y Alaquàs.

Observando las memorias informativas de los Planes Generales que les era de aplicación y las Normas de Coordinación, se ve que la zona presenta cierta peligrosidad por inundación, incluso se describen algunos eventos históricos. Sin embargo, no se cartografía la misma, a pesar de la norma 30, que establece expresamente que «los Planes General y Normas Subsidiarias, podrán precisar, de conformidad con sus objetivos, mediante los estudios necesarios, la delimitación de las zonas de Riesgo Grave y Leve de Inundación, identificados en el Plano n.º 2, en el ámbito de sus términos municipales». Además de esta norma, se desarrollan otras sobre las Áreas Inundables, que en general no se observa posteriormente en los Planes Generales. Sin duda alguna, esta práctica desarrollada por los municipios a través de sus planeamientos, que han sido aprobados por la Comisión Territorial de Urbanismo en su momento, ha dado lugar a un incremento de la exposición de usos altamente vulnerables y que, a día de hoy, han sido gravemente dañados.

P.- ¿Cómo ha sido históricamente el uso del suelo en las áreas más afectadas?

"Actuar sobre zonas inundables urbanizadas es una labor costosa y de difícil corrección"

R.- Los usos de suelo en l’Horta Sud eran tradicionalmente agrícolas, ocupados por asentamientos de población de reducida dimensión. No se encontraban conurbados, existiendo espacio libre con campos de cultivos entre núcleo y núcleo. Los municipios más próximos a la carretera V-31 se asientan a lo largo del entonces denominado Camino Real de Madrid, en el que la actividad económica basada en la industria empieza a desarrollarse a partir del Plan General denominado Gran Valencia de 1946, y es en la segunda mitad del siglo XX y, en particular, a final del mismo, cuando la ocupación por áreas industriales se ve más intensificada.

Lo que inicialmente se podían considerar municipios cuya actividad principal era la agrícola, fueron creciendo a modo de ciudades dormitorio por su proximidad a la ciudad de Valencia. Posteriormente, fueron desarrollando una actividad económica potente basada en la industria y el comercio que propició el desarrollo de nuevos asentamientos residenciales.

 P.- ¿Qué estrategias de planificación urbanística deberían implementarse para mejorar la resiliencia en los entornos próximos a los cauces?

R.- En primer lugar, creo que las estrategias deberían ser de escala supramunicipal, es decir, determinadas en un plan de acción territorial con una visión global e integrada de la cuenca; no se puede seguir actuando de forma individual, municipio a municipio, máxime con la continuidad urbana que existe.

A partir de lo que se establezca en el documento territorial, los municipios deberán ir concretando y materializando las acciones que se determinen. En este sentido, algunas de las estrategias que ya he comentado en algún punto anterior pueden consistir en las siguientes:

• Esponjar las áreas más próximas a cauce, relocalizando viviendas existentes en zonas sin peligrosidad, o menor de la que presentan en el entono del cauce. Según el estado de la vivienda: si se encuentra en estado de ruina debe ser a corto plazo; si se encuentra habitable, plantearse medios-largos plazos.
• Proteger los núcleos urbanos mediante la construcción de motas que traten de contener las posibles aguas desbordadas sobre zonas agrícolas.
• Suprimir los aparcamientos subterráneos y planificar aparcamientos en superficie y altura debidamente distribuidos en las ciudades para reducir el aparcamiento de la vía pública y reducir daños por inundación de sótanos.
• Ordenar los nuevos desarrollos de modo que la orientación de las edificaciones interfiera lo menos posible la dirección el flujo desbordado.
• Las edificaciones existentes, que sean en altura, deberían de sustituir las plantas bajas, por espacios abiertos, para uso alternativo de aparcamiento en superficie.
• Restringir o, en su caso, expropiar viviendas diseminadas próximas a cauces y en zonas que se prevean vayan a absorber las aguas desbordadas.

P.- ¿Qué papel podrían tener las obras de drenaje y canalización en la rambla del Poyo y otras áreas propensas a inundaciones?

R.- Como ya he comentado, la zona se encuentra muy antropizada y alterada por la acción del hombre, por lo que las obras de drenaje y canalización resultarán necesarias y tendrán un papel primordial en la reducción de los caudales desbordados. Estas obras reducirán los calados sobre las zonas urbanizadas y, consecuentemente, los daños.

P.- ¿Cree que es necesario un cambio de mentalidad en la ordenación del suelo y en la forma en que se concibe el crecimiento urbano en la Comunidad Valenciana?

R.- Considero que es totalmente necesario. No se pueden ver las cartografías de inundación como algo que se le ha ocurrido a un técnico dibujar en un plano para molestar o entorpecer los desarrollos urbanísticos. Es cierto que todos los estudios pueden ser mejorados con información más precisa y, de hecho, se hace; las cartografías están actualizándose de forma periódica.

Una cartografía de inundabilidad no es algo negociable, que se pueda quitar o poner, porque molesta a determinados desarrollos urbanísticos o tienen efectos económicos perniciosos para las arcas locales. Lo que es verdaderamente pernicioso es lo que ha sucedido, y su coste superará con creces cualquier beneficio que haya generado un desarrollo urbanístico en zona inadecuada.

La sociedad en general, los técnicos y los políticos dedicados al urbanismo deben asumir que, ante la presencia de un posible peligro de inundación, debemos evitar el desarrollo si es nuevo, actuar para reducir los efectos negativos si ya existe, y comunicar y formar a los ciudadanos que puedan verse afectados. La desinformación genera daños muy elevados, algunos irreversibles.

P.- Por último, ¿qué medidas concretas recomendaría para asegurar que, en el futuro, un fenómeno meteorológico similar cause el menor impacto posible en términos humanos, materiales y ambientales?

R.- Lo primero que plantearía sería una planificación territorial en la que todos los agentes que participen sepan de manera coordinada qué trabajos deben acometer, evitando abordar las tareas de forma sectorial. Además, desarrollaría medidas de protección de los núcleos urbanos, no solo con mejora de los cauces y la generación de nuevas infraestructuras verdes, sino también con el desarrollo de motas de protección que traten de impedir que las aguas desbordadas entren en las zonas urbanas consolidadas.

También identificaría las zonas de uso agrícola que deben absorber la inundación, utilizando modelos precisos que simulen escenarios extraordinarios como el acontecido, o incluso superiores, para prever cómo desbordan las aguas y en qué medida podemos evitar que alcancen las ciudades. Otra acción clave sería fomentar la reforestación en las áreas de cabecera para reducir la escorrentía. Asimismo, definiría zonas específicas para el esponjamiento, cercanas a los cauces y en áreas intermedias, para interrumpir la conurbación y crear pasos naturales que permitan a las aguas desbordadas dirigirse hacia la Albufera.

Es crucial también formar a la población, realizar simulacros y señalar las zonas con mayor o menor nivel de exposición y riesgo. Además, frente a posibles roturas o colapsos en las infraestructuras, priorizaría la sustitución de puertas y ventanas en los edificios más expuestos por cerramientos más resistentes y estancos, ya que gran parte de los daños se ha producido por la entrada de agua y lodo a través de puertas dañadas.

Otra medida sería reducir la ocupación de las vías públicas por vehículos privados, dada la estrechez de muchas calles. Para ello, propondría planificar y construir aparcamientos en altura, distribuidos homogéneamente por la ciudad, eliminando los subterráneos si no se puede garantizar su estanqueidad. Además, revisaría los planeamientos municipales para alinearlos con las directrices del plan de acción territorial. Por último, haría una revisión exhaustiva de los mecanismos de coordinación y cooperación entre administraciones y agentes implicados, simplificando los procesos de toma de decisiones y favoreciendo la planificación e instrumentalizando lo más automáticamente posible aquellas decisiones que puedan adoptarse de forma inmediata.