CCOO-A y la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) han defendido el acceso al agua como derecho universal y han reclamado a los gobiernos medidas para garantizarlo.
Con motivo del Día Mundial del Agua, CCOO y Aeopas han mostrado en una nota su respaldo a la iniciativa de la ONU de erradicar la pobreza extrema, entendiendo que "para ello es prioritario garantizar el acceso universal al agua potable, saneamiento y energía". Según los datos que aporta, 783 millones de seres humanos viven sin agua limpia, 2.500 millones carecen de adecuadas condiciones de saneamiento.
Según ha informado CCOO y Aeopas, más de 300 organizaciones de toda España han firmado ya un pacto social por el agua, que "busca compromisos firmes para garantizar el acceso a este recurso de cara a las próximas elecciones municipales".
'#Iniciativagua2015' tiene una serie de objetivos, como "asegurar un suministro mínimo de agua en caso de impagos justificados, garantizar que los beneficios del agua se reinviertan en ese ámbito y eliminar la participación privada". Un compromiso que se enfrenta a "una tendencia creciente en todo el país, donde el 50 por ciento de la gestión está ya en manos de empresas privadas o mixtas".
En el caso de Andalucía, las organizaciones han denunciado que "en el último año, se han producido barbaridades en algunos municipios, desde cortes de agua que han dejado a millares de hogares sin agua para sus necesidades básicas, hasta pérdida de calidad de las aguas y del servicio escandalosas, y subidas de las tarifas de precios de hasta el 200 por ciento".
En este sentido, la secretaria de Salud Laboral y Medioambiente del sindicato, Nuria Martínez, ha instado a los poderes públicos a poner en marcha las medidas que sean necesarias para garantizar y preservar, como bien común, el agua a las siguientes generaciones. "El abastecimiento de agua a poblaciones se encuentra directamente relacionado con la calidad de vida de la ciudadanía, debiéndose considerar como un derecho humano fundamental", ha aseverado Martínez.
Asimismo, CCOO ha pedido a los gobiernos que establezcan objetivos de suministro para los más desfavorecidos, y garanticen la prevalencia del derecho humano al agua por encima de los intereses del mercado. "Es necesario modificar la actual normativa andaluza que permite los cortes sin tener en cuenta las circunstancias y necesidades de los hogares andaluces", ha afirmado el sindicato.
Otra de las exigencias de las organizaciones a los gobiernos es que mejoren la calidad del agua potable y de la gestión de las aguas residuales, "ya que la depuración de aguas residuales es esencial para mantener el buen estado ecológico de los recursos hídricos andaluces y para aumentar su grado de reutilización".
Sobre este punto, la dirigente sindical ha afirmado que "es prioritario poner en marcha planes coordinados entre el Gobierno central y el Gobierno andaluz de forma que se materialicen de manera urgente las inversiones necesarias en infraestructuras de depuración, con vistas a cumplir los objetivos de la Directiva Marco de Aguas que establece la necesidad del buen estado para 2015, y evitar así nuevas denuncias de la Comisión Europea por incumplimiento con la legislación de tratamiento de aguas".
En cuanto a la calidad de la gestión del suministro de agua, CCOO y Aeopas han denunciado "fuertes irregularidades" a consecuencia, sobre todo, de procesos de privatización que se han acelerado por la crisis en Andalucía, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países europeos.
El gerente y responsable en Andalucía de Aeopas, Luis Babiano, ha recordado en este punto que, gracias al movimiento ciudadano, en municipios como Medina Sidonia (Cádiz), Lucena (Córdoba) o los 22 pueblos de la provincia de Sevilla agrupados en Aguas del Huesna, la gestión del agua ha vuelto a manos públicas, "siempre con un servicio mejor y con la prioridad de la accesibilidad del agua a todos los ciudadanos".
Igualmente, Luis Babiano, ha recordado sobre esta cuestión que "frente al modelo especulativo español, la gestión del agua es pública en el 90 por ciento de las 400 ciudades más grande del mundo, y las restantes están experimentando el fracaso de la privatización del agua ante un acceso desigual, incremento del precio de las tarifas, la pérdida de la capacidad de control financiero y técnico del servicio, obstáculos medioambientales, y escandalosos márgenes de ganancias". Todo ello está impulsando a las municipalidades, según argumenta Babiano, a retomar el control de este servicio esencial.
CCOO y Aeopas han insistido en que la bajada de tarifas o la eficiencia del servicio público no deben ser los únicos factores a la hora de decidir la reversión de una concesión. "La accesibilidad y la garantía de servicio, junto con la transparencia y la participación pública de la gestión pública tienen que estar en la base del modelo público de gestión porque el agua no es una mercancía, sino un servicio de interés general, un derecho fundamental, y un elemento esencial para la vida", han añadido.
