“Dentro del pliego tarifario de ANDA (Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados), hasta hace un par de meses, existía un cobro por explotación privada, sin hacer ninguna diferencia de la explotación privada de lucro con la explotación privada como el caso de las juntas, donde realmente lo que prestan es un servicio a la población”, explicó Marco Fortín, presidente de la autónoma.
El titular de ANDA dio esta declaración este miércoles durante un evento con diferentes juntas rurales de agua, realizado en el complejo deportivo de la institución, en Antiguo Cuscatlán.
“No podía ser que la gente de la zona urbana y periurbana tenga un subsidio y que la gente de las zonas rurales no lo tengan, entonces lo que hemos hecho es que el cobro que hacía ANDA se quita”, detalló Fortín.
Aprueban “eximir del pago de la respectiva tarifa a los sistemas de explotación privada.
El presidente de ANDA agregó que “se va a hacer un escrito a la Asamblea Legislativa para que les exonere del pago que estaba acumulado de años que de alguna manera la Corte de Cuentas obligó a facturarlo”.
De acuerdo a los representantes comunales, con esta medida más de medio millón de habitantes de diferentes zonas del país serán beneficiados.
“Esto se ha consultado con el presidente, con el ministro de Economía, así se ha trabajado, es un decreto ejecutivo que lo avala el ministro de Economía, estos cobros se quitan, al menos el cobro mensual de agua”, informó el titular.
El documento al que hace referencia Fortín, emitido por el ramo de Economía, detalla que “los usuarios de la áreas rurales del país que no tienen acceso a la red de agua potable de la ANDA entre los cuales se encuentran pobladores de los sectores donde funcionan sistemas comunales de abastecimiento de agua potable (…) no se benefician con el subsidio al consumo de agua potable del que sí gozan los usuarios de la ANDA en las zonas urbanas”.
Luego agrega que “acorde con los principios de justicia y equidad que rigen el quehacer de la actual administración de ANDA” aprueban “eximir del pago de la respectiva tarifa a los sistemas de explotación privada que bajo la modalidad de autoabastecidos proveen agua potable a las poblaciones que habitan en las zonas rurales del país”.
Esta reforma permite a ANDA que pueda exceptuar “de los pagos (…) a asociaciones comunitarias, llámese ADESCOS, asociaciones administradoras de agua potable o juntas de agua, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro (…) Directivas Comunitarias, Comités de Aguay cualesquiera otra modalidad similar, legalmente constituidas (…) declaradas de interés social”.
Por esta razón el titular de la autónoma declaró de “interés social” a estas organizaciones para que apliquen a la excepción de la tarifa de ANDA.
Posterior a esto, la autónoma iniciará otra fase para hacer el catastro con el fin de conocer cuántas juntas rurales de agua son y qué población atiende cada una. En la actualidad tiene identificado 1,088 fuentes y manantiales que dan servicio de agua comunitario, pero pueden ser más.
“Eso nos va a dar un verdadero dato de la cobertura de agua que estamos dando, ya sea por parte de ANDA o por las juntas, eso inclusive nos va a permitir a nosotros dar asistencia técnica y apoyo a las juntas rurales, a través de la gerencia rural de ANDA, con un fondo que se ha creado por parte de la AECID y un fondo del BID”, puntualizó Fortín.
“La historia de las juntas de agua tiene que ver por la ineficiencia –yo diría que intencionada, además– de las anteriores gestiones de los gobiernos que no han invertido en la prestación del servicio de agua potable sobre todo en las zonas rurales”, aseveró por su parte Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC).
“Ayer en una conferencia de prensa nosotros mostramos en un gráfico que la inversión empezó a subir a partir del año 2009, es hasta esta nueva gestión de gobierno que empieza a aumentarse la inversión para el acceso comunitario”, añadió Pérez.
