Barreras regulatorias de los PPP en el sector del agua y la perspectiva de las empresas privadas

Sin embargo, las prioridades del dinero público en la mayoría de los gobiernos han cambiado, invirtiendo en otros sectores como la sanidad, las pensiones o la migración, en sustitución de los correspondientes fondos asignados a las infraestructuras. La inversión en infraestructuras ha ido descendiendo gradualmente del 7% a menos del 3% en la década anterior (sobre el presupuesto anual en los países desarrollados).

Los PPP (asociaciones público-privadas) pueden acelerar el desarrollo de las infraestructuras del agua y la adopción de tecnologías innovadoras mediante la transferencia de conocimientos, el espíritu empresarial y la investigación aplicada. Además, el sector financiero está muy interesado en penetrar en la industria del agua para financiar el sector.

Los gobiernos y las empresas deben trabajar juntos para ampliar las inversiones en sistemas de agua limpia y saneamiento para que el acceso al agua sea universal. Esto incluye infraestructuras eficientes, como plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales. Es por ello, que se hace necesario explorar oportunidades a través de las asociaciones y la colaboración. La cooperación mejora la gobernanza del agua y la toma de decisiones, estimula soluciones innovadoras y aprovecha la eficiencia.

La evolución del modelo de PPP en el sector de los recursos hídricos no convencionales, especialmente en la desalación, es evidente. Este esquema ha pasado de cero en 2001 al 75% de los proyectos desarrollados bajo el modelo PPP en la actualidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existe un factor de ponderación crítico, ya que, en Oriente Medio (que acumula el 70-80% del mercado), casi todos los proyectos de desalación desarrollados se hacen a través de este modelo.

En el otro lado del espectro están los proyectos de aguas residuales, que no llegan al 20-30% de desarrollados bajo el modelo de PPP. También, empezamos a ver ahora proyectos de transporte de agua bajo este mismo esquema.

La pregunta es obvia: ¿cuál es la razón por la que algunos países desarrollan proyectos bajo esquemas PPP y otros no? Se confirma que este modelo financiero divide los riesgos y elige a los actores más adecuados para cada fase del proyecto, no teniendo que poner todos los riesgos del lado del inversor o del off-taker. Sin embargo, encontramos algunas barreras y amenazas según la geografía:

• Oriente Medio: El modelo PPP es un modelo muy maduro en Oriente Medio, pero recientemente se han alcanzado tasas muy agresivas, con lo que se corre el riesgo de que este modelo muera de éxito. Pero lo cierto es que cuantos más proyectos, mayor rentabilidad y menor riesgo para los inversores. Existen dudas sobre el futuro del modelo PPP en Oriente Medio si las tarifas continúan la tendencia a la baja, con escasos beneficios en un mundo con otras alternativas.
• India - Asia Pacífico: El problema en la región es que el 100% de la tarifa no está garantizada a largo plazo. Existe un importante riesgo de mercado de no garantizar la rentabilidad del inversor, rompiendo así el principio universal de los PPP.
• África: En África no hay garantías por parte de las empresas de servicios públicos, por lo que se necesitan inversiones y garantías a nivel estatal. Vemos muchos proyectos paralizados en África por este problema, con consecuencias reales, donde los ciudadanos sin agua ni saneamiento pagan entre diez y veinte veces el precio de la mala calidad del agua.
• España: Este mercado tiene una particularidad extensible al resto de Europa y Latinoamérica, donde no se ha implantado el modelo PPP como patrón para financiar las infraestructuras de agua.

En España, una serie de problemas normativos impiden licitar con éxito este tipo de contratos, limitando injustificadamente las posibilidades de la administración pública para acometer nuevos proyectos necesarios y demandados por los ciudadanos. Estas barreras son:

En España, una serie de problemas normativos impiden licitar con éxito este tipo de contratos

1.- Definición, naturaleza y consecuencias de la normativa de desindexación en el marco de la contratación pública: En España, una ley de 2015 introdujo un cambio esencial en el régimen de revisión de precios, limitando sustancialmente los supuestos en los que se podían producir revisiones de precios y estableciendo restricciones temporales a las mismas. Esta ley pretende vincular la revisión a los costes reales de la actividad y no a otros índices o factores externos, eliminando la posibilidad de realizar revisiones periódicas no predeterminadas o no periódicas.

Por otro lado, también existe una vinculación del plazo de los contratos al periodo de recuperación de la inversión, limitando la duración de una concesión para evitar la exclusión del mercado y la restricción de la competencia. Aunque existe una justificación para ampliar el plazo que permita al concesionario recuperar las inversiones previstas para la ejecución de la concesión, el modelo actual no es libre, sino que exige una justificación de este plazo, vinculándolo a las inversiones realizadas.

2.- Las dificultades para aplicar fórmulas de reequilibrio de las concesiones: Las posibilidades de reequilibrio económico de la concesión son mínimas:

• Que la administración pública modifique el contrato de obras o introduzca en el contrato de servicios cambios en la prestación contratada.
• Que la administración pública determine directamente la ruptura sustancial de la economía del contrato.

Por lo tanto, no se tienen en cuenta los imprevistos ni las situaciones extraordinarias que puedan surgir. Esta situación introduce una estructura muy rígida e inadecuada en un mundo complejo e incierto, con pandemias, catástrofes naturales, guerras y otras circunstancias extremas.

3.- Ausencia de cláusulas de modificación del contrato por circunstancias imprevisibles: Esta fórmula genera una enorme controversia sobre el alcance de la previsibilidad y la posibilidad de reequilibrio.

4.- Recuperación de la inversión en caso de rescisión anticipada o porque el activo no funcione: Tradicionalmente, las concesiones de obras y servicios han llevado aparejado el reconocimiento a favor del concesionario de un derecho de compensación patrimonial de la inversión en caso de resolución anticipada.

Pero, actualmente, se establece un régimen indemnizatorio que introduce una distinción básica entre causas de resolución imputables a la administración pública y no imputables a esta.

5.- Los off-takers establecen la rentabilidad máxima de los fondos propios/deuda, que no se corresponde con el riesgo asumido por los inversores: Es necesaria una reforma reglamentaria que resuelva los problemas existentes para implantar el modelo de colaboración público-privada.

En el sector del agua se dan circunstancias que dificultan el uso del modelo PPP en distintos países. Sin embargo, existe una propuesta para responder a estas barreras e implantar mecanismos de colaboración público-privada en el sector del agua. Existen otras circunstancias beneficiosas para implantarlo porque las inversiones públicas están ahora más centradas en otros ámbitos, como la sanidad o las pensiones, y el sector financiero está muy interesado en entrar en la industria del agua. Según las Naciones Unidas, las inversiones en infraestructuras y en gestión del agua deben multiplicarse por catorce para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

El futuro de los PPP es sencillo siempre que se tengan en cuenta los riesgos para el sector financiero. Los PPP no solo proporcionan servicios de agua, sino que crean empleo y oportunidades para todos. Un sector que apuesta por ello es el industrial, el cual se ha convertido en un gran impulsor, compitiendo con gran fuerza por el agua contra las empresas de servicios públicos y los gobiernos.