Instituciones fuertes para gestionar riesgos climáticos extremos asociados a la gestión del agua
En el año 2023, Bolivia vivió uno de los periodos secos más prolongados desde que existen registros históricos. El fenómeno tradicionalmente conocido como El Niño, sumado a los efectos del cambio climático, provocó estragos en hasta nueve departamentos del país, haciendo que más de dos millones de personas vieran cómo se secaban los campos de los que se abastecían. Pocos meses después, algunas ciudades del país vivían las mayores inundaciones de su historia: en febrero de 2024, la ciudad de Cobija, cerca de la frontera con Brasil, veía cómo el río Acre alcanzaba un nivel de 15,83 metros de altura debido a las lluvias, dejando buena parte del territorio completamente inundado. Más recientemente, en noviembre, miles de kilómetros más al norte, el Gobierno de Costa Rica declaraba la emergencia nacional tras un largo episodio de lluvias torrenciales, con regiones en las que cayeron más de 1.000 litros por metro de cuadrado.
Este tipo de episodios se repiten cada vez con más frecuencia y mayor intensidad, tal y como recoge el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) en su sexto informe de evaluación. Además, suceden en todos los lugares del mundo, como lamentablemente se vio a finales de octubre en España, con devastadoras consecuencias. Las razones son muchas, complejas y específicas en cada caso, e incluyen aspectos que van desde la planificación urbanística a la vulnerabilidad de las poblaciones, aunque, de manera transversal, los expertos apuntan a un fenómeno global, estructural y más profundo, que está afectando a todas las regiones: el cambio climático y la proliferación de fenómenos climáticos extremos que lleva asociada. Para luchar contra estos fenómenos, es esencial realizar una gestión y prevención adecuadas y, para ello, se hace perentorio contar con instituciones fuertes, con capacidad de respuesta y con planes de actuación que comiencen a trabajar mucho antes de que tenga lugar el desastre.
Para el FCAS es imprescindible incorporar la consideración de los efectos del cambio climático en el proceso de planificación
El VI Informe del IPCC no deja lugar a dudas: más del 40% de la población mundial vive en zonas altamente vulnerables a los efectos del cambio climático, y el aumento de fenómenos meteorológicos extremos ha expuesto a millones de personas a catástrofes relacionadas con la inseguridad hídrica, ya sea en forma de inundaciones, tormentas o sequías. Realidades que, además, siempre tienen un impacto mucho mayor en los países de menos ingresos y en los hogares y zonas más desfavorecidas. Así, según el Atlas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre mortalidad y pérdidas económicas debidas a fenómenos extremos, del total de muertes causadas por peligros meteorológicos, climáticos e hidrológicos entre 1970 y 2019, el 91% se produjo en economías en desarrollo. A ello se suma que también se han sobrepasado otros límites planetarios —según el concepto expuesto por el Instituto de Resiliencia de Estocolmo—, entre los que se encuentran el del uso de agua dulce y mantenimiento del ciclo hidrológico mundial, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y los cambios de uso del suelo, entre otros.
Todas estas razones están en la base de la firme apuesta de la Cooperación Española por abordar de forma integral el desarrollo sostenible, con un enfoque de justicia climática y sostenibilidad ambiental, tal y como señala el VI Plan Director. Una de las prioridades específicas es trabajar por una transición ecológica justa, en línea con el Pacto Verde de la Unión Europea y, para ello, las líneas de acción se articulan en torno a la lucha contra el cambio climático —tanto en adaptación como en medidas de mitigación—, el acceso a energías limpias; la protección y promoción de la biodiversidad y los derechos humanos al agua y el saneamiento.
El agua
En un planeta donde los recursos hídricos son cada vez más escasos e irregulares y las demandas de agua cada vez mayores —para todo tipo de usos: consumo humano, industrial, agricultura, etc.—, el cambio climático se convierte en una dificultad más para la adecuada gestión del vital líquido.
Es esencial incrementar la financiación destinada a programas de mejora de la adaptación y resiliencia de las poblaciones ante el cambio climático
Existen indicios de que el calentamiento global altera el ciclo hidrológico global y los datos apuntan a que hasta el 90% de las personas afectadas por desastres naturales y el 95% de las pérdidas en infraestructuras están relacionadas con eventos vinculados al agua, tal y como recoge el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2019. En este marco global de incremento de fenómenos extremos, es esencial incrementar la financiación destinada a programas dirigidos a mejorar la adaptación y resiliencia de las poblaciones ante el cambio climático. Es por ello por lo que el Fondo del Agua de la Cooperación Española (FCAS) trabaja junto a los países socios en América Latina y el Caribe para fortalecer a las instituciones, de tal manera que la respuesta ante este tipo de desastres sea más rápida y eficiente. Un ejemplo de este tipo de iniciativas se está llevando a cabo en Bolivia, donde un programa del FCAS con apoyo de la Unión Europea ha permitido apoyar en la puesta en marcha de planes sostenibles de agua, saneamiento y drenaje. Además, a lo largo de los últimos años, se han realizado diversos cursos relacionados con la gestión del riesgo de inundaciones en entornos urbanos o el diseño de sistemas de saneamiento y drenaje.
Para el FCAS es imprescindible incorporar la consideración de los efectos del cambio climático en el proceso de planificación, aprovechando para impulsar la innovación y la tecnificación en la gestión del agua, teniendo en cuenta que las deficiencias en la gobernanza del sector del agua en los países se multiplican con el calentamiento global. En este contexto, «es esencial abordar la gestión del riesgo de sequías e inundaciones con el objetivo de aumentar la resiliencia, sobre todo en las comunidades más vulnerables.
Para todo ello, es clave el fortalecimiento institucional y el establecimiento de un marco jurídico y legal adecuado. El FCAS trabaja a todos los niveles, poniendo en primer plano la planificación hidrológica, tal y como se está haciendo por ejemplo con República Dominicana, país al que está apoyando en la elaboración de su Plan Hidrológico Nacional. Un texto que se alineará con los objetivos marcados por la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 del país y que tiene como objetivo proteger y aprovechar de manera sostenible los recursos naturales y mejorar la calidad del medioambiente. Con este plan se pretende marcar la diferencia en cuanto a la gestión del agua en la República Dominicana, poniendo en marcha los mecanismos y herramientas de control y gestión, tanto normativos como administrativos y técnicos, para garantizar un uso sostenible y de calidad de los recursos hídricos independientemente de su origen, anticipándose a los problemas y favoreciendo la resiliencia de las comunidades. Todo ello con el entendimiento de que este es solo un punto de partida que irá creciendo y completándose con los años, continuando el trabajo en la planificación hidrológica y la implantación de la gestión integrada de los recursos hídricos
Pequeñas iniciativas con grandes resultados
Desde los grandes programas de gobernanza y fortalecimiento institucional, a las pequeñas iniciativas que tienen un impacto muy directo en las vidas de la población.
En la escuela rural mixta del caserío de Chuarixche, en la aldea de El Tablón, en el departamento de Sololá (Guatemala), un programa de la AECID ayudó a instalar un sistema de captación de agua de lluvia. Aparentemente, es solo un depósito, pero ha permitido que el colegio cuente con agua incluso cuando se producen cortes en la red, gracias a lo cual es posible mantener en buen estado el sistema de saneamiento, cocinar para los más de trescientos alumnos de la escuela y mantener limpias las aulas.
Por otro lado, a través del programa Ruk'u'x Ya, impulsado por el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, en varios centros escolares se instalaron sistemas de agua y saneamiento y, en algunos —elegidos en función de su capacidad y ubicación física—, se han adecuado las instalaciones para funcionar como albergues en caso de emergencia o desastre natural y se formó al personal educativo sobre cómo operar en estas situaciones.
Colaboración regional e impulso europeo
Además de las colaboraciones específicas con cada país, existen grandes programas regionales e iniciativas que ya desde hace una década están actuando de manera transversal para impulsar una transición sostenible y sociedades más resilientes e inclusivas. Un ejemplo es Euroclima, financiado por la Unión Europea e implementado por diversas agencias nacionales, entre ellas la AECID. Una iniciativa apoyada desde la Oficina de la Cooperación Española de Costa Rica, especializada en clima y medioambiente, que tiene entre sus ejes principales precisamente la gestión de riesgos de desastres. Para ello, se han puesto en marcha programas para mejorar la resiliencia climática en Centroamérica; gestionar el riesgo de sequías en Perú y Bolivia o fortalecer los sistemas de monitoreo climático en los países andinos. Este mismo año, en marzo de 2024, se ha aprobado una iniciativa para trabajar en la gestión de riegos vinculados al cambio climático en entornos urbanos y costeros, puesto que este tipo de ciudades concentran la mayor parte de la población e infraestructuras críticas.
Ningún lugar está a salvo de los fenómenos climáticos extremos, que son cada vez más fuertes y recurrentes, pero no cabe duda de que disponer de información actualizada, planificaciones adecuadas y sistemas de alerta temprana son la mejor medida para salvar vidas y minimizar los daños materiales.
La escasez hídrica, un problema recurrente en Bolivia
En el año 2016, el gobierno boliviano declaró la situación de emergencia nacional debido a la presencia de sequía y déficit hídrico en diferentes regiones del territorio que, de forma particular, sufrió la zona urbana de La Paz–El Alto. En este contexto, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia emprendió acciones para identificar posibles medidas preventivas que permitieran una mejor gestión en estas situaciones de crisis.
Con la aportación de la Cooperación Española se desarrolló un plan de sequías para la zona de La Paz-el Alto, que después ha sido replicado en otras áreas de Bolivia. Esta actuación consistió en la definición de un Sistema Básico de Indicadores, el establecimiento de medidas de actuación y operatividad del plan y la propia definición del plan. Para todo este trabajo, fue muy importante contar con la experiencia española, pero por sí solo eso no es suficiente.
En estas intervenciones es clave trabajar en la adaptación a la normativa existente y a las instituciones implicadas, tener en cuenta el nivel de información disponible —que es el punto de partida de cualquier actuación— y la idiosincrasia de las poblaciones. Estos aspectos marcan la diferencia en cuanto al éxito o el fracaso de las intervenciones.