La variabilidad climática e hidrológica y los escenarios de cambio climático requieren mejorar nuestra capacidad de respuesta y de adaptación para lograr una mayor seguridad hídrica. Es necesario abordar de manera gradual y coordinada los múltiples desafíos en la gestión del agua, en el contexto de las importantes transformaciones sociales, ambientales e institucionales que han ocurrido en los últimos años. Para poder hacer frente a estos retos, es necesario que se produzcan cambios en la organización administrativa del agua.
Recientemente, en el Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se ha acometido una importante reestructuración de la Dirección General del Agua. Esta reestructuración se enmarca en un proceso más amplio de cambio de nuestra economía hacia un modelo productivo centrado en la protección de las personas y del medioambiente, y que se encuentre en línea con el “Pacto Verde Europeo” aprobado por la Comisión Europea el pasado diciembre de 2019.
La Dirección General del Agua se ha reorganizado en cuatro subdirecciones. Dos de ellas incorporan nuevos cometidos a los que ya tenían, las de planificación hidrológica y la de programación y gestión económica y presupuestaria; una que integra las anteriores subdirecciones de dominio público hidráulico y de infraestructuras y una nueva subdirección, centrada en la protección de las aguas y en la gestión de los riesgos.
"La Dirección General del Agua se ha reorganizado en cuatro subdirecciones, y dos de ellas incorporan nuevos cometidos a los que ya tenían"
La Subdirección General de Planificación Hidrológica se encarga de coordinar el proceso de planificación hidrológica, que es el marco esencial de organización de las medidas a desarrollar para alcanzar y mantener el buen estado de las masas de agua, al tiempo que se atienden los usos del agua compatibles con esta protección y que garantizan un uso eficiente y sostenible del recurso. Otras tareas que abordará esta Subdirección serán las relativas a la elaboración y seguimiento de planes estratégicos, como el Plan DSEAR centrado en la priorización de las actuaciones de depuración, saneamiento y reutilización, así como la coordinación de los planes de sequía de las demarcaciones. Además, será necesaria una coordinación más estrecha con las administraciones competentes en materia de depuración y saneamiento y en agricultura y ganadería, con el fin de dar mejor cumplimiento a nuestras obligaciones comunitarias derivadas de la Directiva de tratamiento de las aguas residuales urbanas y de la Directiva de nitratos.
La Subdirección de Programación y Gestión Económica y Presupuestaria añade a sus cometidos tradicionales, que son los de elaboración de criterios de aplicación del régimen económico-financiero del dominio público hidráulico, el análisis de la viabilidad de las obras de interés general que se desarrollen por parte de la Dirección General del Agua y los organismos adscritos, el estudio y determinación del valor económico de los usos del agua y de los daños medioambientales en el dominio público hidráulico, y también el impulso de las tecnologías de la información en la gestión del agua.
"Será necesaria una coordinación más estrecha con las administraciones competentes en depuración y saneamiento y en agricultura y ganadería"
El tercer cambio organizativo tiene que ver con la creación de una nueva Subdirección General de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras. Este cambio está relacionado con la necesidad de reforzar la gestión del dominio público hidráulico, integrando los aspectos de gestión y de control de los títulos que habilitan para realizar un uso privativo de las aguas con los proyectos y las obras que en él se realizan. Entre estos últimos, se priorizarán los proyectos que faciliten el ahorro, la gestión de la demanda, la recuperación ambiental de las masas de agua, la eficiencia energética, y la producción y utilización de energías renovables compatibles con los objetivos ambientales de las masas de agua. Mención especial merecen los proyectos destinados al fomento de la desalación y la reutilización de las aguas, especialmente en aquellas demarcaciones que se enfrentan a situaciones de sobreexplotación y deterioro ambiental de sus masas de agua. Por otro lado, serán también una prioridad las labores relacionadas con la inspección y el control de la seguridad de las infraestructuras hidráulicas, de manera que nuestro parque de infraestructuras hidráulicas y, en particular, las presas y embalses, puedan seguir prestando servicio en óptimas condiciones de seguridad y funcionalidad, y afrontando con seguridad los nuevos riesgos derivados de una realidad climática cambiante y adversa.
El cuarto cambio organizativo de relevancia lo ha supuesto la creación de la Subdirección General de Protección de las Aguas y la Gestión de los Riesgos. Las actuaciones de esta unidad tienen como objetivo sentar las bases para alcanzar el buen estado ambiental de las masas de agua, y en este sentido, los programas de seguimiento y control tendrán un importante papel en la evaluación de su estado, incluyendo el estudio de los contaminantes emergentes. Entre los cometidos de esta subdirección, destaca el papel estratégico que tiene la protección y la recuperación de las aguas subterráneas en un contexto de cambio climático y de escasez de recursos hídricos. Otros ejes de actuación son el impulso a la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza, para que los ecosistemas puedan ejercer el papel ecológico que tienen como defensa natural frente a las inundaciones. En línea con lo anterior, deberán desarrollarse las medidas necesarias para la puesta en marcha de las actuaciones de prevención y mitigación del riesgo, recogidas en los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación.
"Serán también una prioridad las labores relacionadas con la inspección y el control de la seguridad de las infraestructuras hidráulicas"
Además, es preciso afrontar cambios en el marco legal y reglamentario que rige la protección y gestión de las aguas en España, para así dotarnos de unos instrumentos jurídicos modernos y acompasados a la realidad ambiental, social y económica del país. Ello permitirá a la Administración General del Estado articular una política de agua como bien público esencial, en un escenario complejo donde se entremezclan aspectos socio-ambientales como la reducción de los recursos hídricos, el cambio climático y el aumento de los riesgos naturales, con otros socio-económicos, como la necesidad de avanzar en el cambio de modelo energético.
Una línea de trabajo transversal de toda la Dirección General consistirá en reforzar los aspectos de gobernanza del agua, fomentando la participación, la transparencia, la comunicación y la concienciación en la sociedad sobre los procesos de planificación y gestión del agua, tanto en los procesos de toma de decisiones como en los procedimientos administrativos, facilitando la corresponsabilidad social. En este marco, se prevé la generación de espacios de discusión y participación pública, el impulso del voluntariado ambiental y la custodia del territorio, así como el fomento de las relaciones con el sector científico y las empresas del agua para incorporar la innovación y el desarrollo tecnológico existente en el desarrollo de las competencias de la Dirección General del Agua.
Todo lo anterior requiere, además, intensificar la coordinación con la Comisión Europea para la aplicación de la política europea del agua, así como disponer de una estrategia de carácter internacional que, en cooperación y coordinación con la acción exterior española, permita tener una presencia activa y con influencia en los convenios y procesos multilaterales en materia de agua, como la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el Espacio Europeo, el Espacio Iberoamericano o el Espacio Mediterráneo.
