El Derecho Humano al saneamiento está reconocido desde el año 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la meta 6.2 de los ODS los Estados Miembros se han comprometido a “Lograr el acceso a un saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y en situaciones vulnerables”. Esto se traduce en que todos los seres humanos, sin ningún tipo de discriminación, deben tener disponibilidad, acceso físico y económico a servicios de saneamiento aceptables en el ámbito cultural y social en donde se desarrollen y que además sean suficientes, higiénicos y dignos, garantizando la privacidad, seguridad de todos.
Pero el acceso a saneamiento va más allá de tener el servicio como tal, hace parte de un proceso que implica, entre otras cosas, la mejora en la calidad de agua así como la reutilización de las aguas residuales. Desde esta perspectiva, el cumplimiento del ODS 6 tiene hoy en día grandes desafíos, lejos de la meta establecida en la Agenda 2030.
El mundo enfrenta una brecha abismal entre el ‘Derecho humano’ y la realidad actual: más de la mitad de la población mundial utiliza algún servicio de saneamiento que deja los desechos humanos sin tratar y casi 700 millones de personas en el mundo practican defecación a cielo abierto[1]. Esto trae consecuencias que van desde la propagación de enfermedades hasta retrasos en el desarrollo social y económico de un país, por lo que acciones en saneamiento son fundamentales en la agenda del desarrollo sostenible, más aún en tiempos de pandemia global. Acciones que implican una alta inversión económica lo antes posible, ya que la falta de acciones y el paso del tiempo harán que los costes aumenten exponencialmente.
La inversión en saneamiento a nivel mundial es la mitad de la inversión que se hace en agua, y no es suficiente para construir capacidades
Aunque se piensa que estas inversiones son de baja recuperación, la relación del beneficio económico que genera es de 1:5 (por cada dólar invertido hay un rendimiento de US$5 dólares)[2]. Entonces, ¿por qué no se avanza más rápidamente en este tema? Consideremos tres factores clave: el primero es la infravaloración que se hace al saneamiento con referencia a la importancia e inversión que se hace al agua. La inversión en saneamiento a nivel mundial es la mitad de la inversión que se hace en agua[3], y no es suficiente para construir capacidades, ni para hacerlo sostenible a largo plazo. El segundo factor es una falta de visión en el impacto que las acciones en saneamiento tienen en diferentes sectores como salud, educación, seguridad alimentaria y empleo, entre otros, y que reduciría las brechas sociales y económicas que existen; y la tercera es la poca o la baja voluntad y liderazgo gubernamental, haciendo que la inversión sea tan baja que no permita asegurar su escalabilidad que permita mayor cobertura y sostenibilidad.
El mayor reto que se presenta a menos de 10 años de culminar la Agenda 2030, es considerar al saneamiento como un bien público esencial, que brinda beneficios no solo en la salud sino también en el desarrollo sostenible y general de una sociedad, para así poder realizar acciones no solo en pro del cumplimiento de los ODS, sino a favor de un medio ambiente menos frágil para la población. Estas acciones parten de la responsabilidad individual, a través de la participación comunitaria, con acciones de apoyo y liderazgo a nivel local, regional y nacional, de manera coordinada con todos los actores relevantes en cada país, y transversalmente con políticas públicas sólidas, que desemboquen en inversiones estratégicas que puedan ser optimizadas a nivel público y privado.