En la sección de Sociedad de El País el 27 de este mes aparecía esta noticia “La UE obliga a las farmacéuticas a asumir la millonaria factura de limpiar los ríos de restos de medicamentos”
Mi primera sorpresa fue la ubicación de la noticia. Si hubiera aparecido en el apartado de chistes o tal vez como editorial del periódico (vaya racha que llevan) habría entendido el titular tan rimbombante.
Ya es de una credulidad rayana en la ingenuidad suponer que la UE puede obligar a las farmacéuticas a hacer algo en contra de sus intereses.
Esta medida es una de las más destacadas de la revisión de la Directiva sobre Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, y habla de los tratamientos cuaternarios y de los terciarios.
Esta iniciativa, sin embargo, se ha topado con la oposición de los sectores afectados —principalmente el farmacéutico, pero también el de productos cosméticos—, que Bruselas pretende que financien las nuevas medidas según el principio de “quien contamina, paga”.
El razonamiento de las farmacéuticas es similar a la de la industria armamentista: sus productos no contaminan (matan, para la industria armamentista) son sus usuarios lo que lo hacen.
Por una vez, y sin que sirva de precedente, estoy con la industria. Los conozco y conozco como funciona el Estado español. Del 100 % recaudado por las farmacéuticas, el 50 % irá a retribución de directivos y accionista, el 50 % al Estado.
Cuando el 50 % entre en las arcas del Estado español, el 35 % irá a la caja común para ser dilapidada por el partido gobernante y solo el 15 % irá a su destino real de los tratamientos cuaternarios.
La estimación de los costes anuales de los tratamientos cuaternarios lo han estimado en poco más de 700 millones de euros. Es preferible que se obtengan a través de las tarifas de agua.
Hablando de tarifas de agua, por fin un inicio de año nuevo en el que ninguna administración ha alardeado de congelar o de bajar las tarifas de agua.
Algo bueno trae consigo el cambio climático.