La pregunta surge a consecuencia de las numerosas licitaciones para infraestructura del CIA que son ejecutadas por organismos estatales y de comunidades autónomas. Que son entregados, posteriormente, para su operación y mantenimiento (O&M) a la municipalidad correspondiente, sin que esta disponga de unas tarifas adecuadas para cubrir los costes derivados de la O&M.
La cruda realidad (Madrid, Santiago de Compostela, Barbate, Sevilla, Mar Menor, Doñana, etc.) demuestra que los plazos para atender las necesidades detectadas son excesivos. Máxime si el responsable de la gobernanza ha sido hábil y ha pasado la pelota a otra administración. En casi todos estos casos se superan ampliamente los veinticinco años desde que se detecta la necesidad hasta que se construye y opera las infraestructuras.
Todo ello motivado, al menos eso dicen los responsables de la gobernanza de los CIA, por la falta de recursos propios para llevarlas a cabo. El argumento es muy sencillo: si tengo que subir las tarifas no lo acometemos. Que se encargue papá estado de asumir estas inversiones. Yo, como político, no quiero ver mi carrera truncada por proteger el medioambiente. Aunque corra el riesgo de ser denunciado por delito ecológico. Total, eso casi nunca ocurre.
Ni siquiera con el cambio climático y las amenazas de incrementar los periodos de sequía, los responsables toman otras cartas en el asunto. Y tampoco si el ámbito de actuación es el tratamiento de agua para suministro a la población. Para muestra, un botón:
“La nueva desaladora de Blanes cuadriplicará su capacidad y estará a pleno rendimiento en 2030. La actual infraestructura funciona, desde el pasado mes de marzo, a pleno rendimiento para paliar los efectos de la sequía, cosa que no había ocurrido nunca. La ampliación de la desalinizadora de Blanes permitirá multiplicar por cuatro la actual capacidad de tratamiento del agua, pasando de los 20 hm³/año a los 80. La infraestructura, concebida para paliar los efectos de futuros episodios de sequía, costará 287 millones de euros que asumirá de forma íntegra el Ministerio de Transición Ecológica. Las obras de la nueva planta podrían empezar en 2026 y se alargarán dos años”
Suena bien si no fuera por varias razones:
- ¿Dónde estaba, en el pasado, la planificación a largo plazo?
- ¿Realmente se van a respetar los plazos previstos?
- ¿Cuenta con el preceptivo Estudio de Impacto Ambiental?
- ¿De qué partida, de los Presupuestos Generales del Estado, saldrán los 287 millones de euros de la inversión?
Y aquí surge la pregunta: ¿Es sostenible este modelo? La respuesta es evidente: No es sostenible.
Solo es sostenible un CIA que tenga incluidas en sus tarifas todos los costes en lo que se incurren, incluidos la gestión de activos.
¿A dónde nos lleva el actual modelo? A la ineficiencia económica y técnica.
¿Cuándo se cambiará? Supongo que cuando el coste del litro de agua en el grifo del usuario (actualmente por debajo de 0,002 €) se sitúe como el de la gasolina, en torno a los 2,0 € por litro.
