Las tarifas de suministro de agua son complicadas. La Organización de Consumidores y Usuarios lo explica en su web con distintos argumentos. Entre ellos, destaca la inclusión de los costes de distintos servicios del ciclo del agua, que no se llaman igual en todas las ciudades ni tienen el mismo peso dentro de la factura:
- “Suministro”, pero también se puede desglosar en “Abastecimiento”, “Aducción”, “Distribución”: coste de captar el agua, tratarla para hacer que sea potable y distribuirla hasta los hogares.
- “Saneamiento” o “Alcantarillado”: coste de recoger el agua de los desagües.
- “Depuración” (a veces se incluye dentro de “Saneamiento”): tratamiento de las aguas residuales.
En esa explicación, suministro incluye lo que técnicamente denominamos abastecimiento en alta (captación, tratamiento y aducción) y abastecimiento en baja (distribución a los puntos de consumo). Saneamiento o alcantarillado se refieren al saneamiento en baja, es decir a la recogida y canalización de las aguas residuales y su transporte hasta más allá del ámbito urbano. Y depuración, se refiere al saneamiento en alta, es decir al tratamiento de las aguas residuales y su conducción hasta un punto adecuado para su devolución al medio en las debidas condiciones.
Lo cierto es que, en su conjunto, esos cuatro servicios -aparecidos en circunstancias históricas distintas en cada municipio y tratados de forma diferenciada en la normativa competencial-, a ojos de un ciudadano del siglo XXl son, en realidad, un solo servicio, que podría denominarse Ciclo Urbano del Agua.
Es cierto que el primero en aparecer y sentido con mayor necesidad fue el abastecimiento urbano. Las exigencias higiénicas impusieron la potabilización del agua, y el suministro domiciliario aceleró la necesidad de canalización de las aguas residuales debido a su mayor caudal. Más adelante, los abastecimientos en alta mejoraron la garantía de suministro, y la depuración de aguas sucias permitió cumplir con el debido respecto ambiental. Ese ciclo abierto -captación, uso devolución al medio de las aguas depuradas- es el que ahora se cierra progresivamente con el reúso de las aguas regeneradas.
Así pues, desde el punto de vista conceptual, tiene sentido que el conjunto de esos servicios aparezca unido en un solo recibo.
La confusión, en todo caso, deriva de la forma en que aparecen. En efecto, cada servicio responde a unos tipos tarifarios o fiscales específicos, a un ejercicio competencial diferenciado, a veces local, a veces autonómico, y a una estructura de costes y grado de cobertura de esos costes por los ingresos, heredada del pasado y no armonizada.
En primer lugar, está el marco competencial, en el que hay que reconocer el respeto a la autonomía del poder local y el poder autonómico. Otra cosa son las políticas de fomento de los poderes superiores para conseguir el convencimiento de una progresiva armonización. Hoy por hoy no se observan pese a que en nuestro caso no debería ser tarea difícil. En efecto, más allá de la comprensibilidad del recibo del agua, sabemos -y también sabe la OCU- que en general las tarifas no cubren el coste del servicio y que las subvenciones de esos poderes superiores están a la orden del día. Así pues, se trataría de usar ese instrumento de convicción de forma positiva para construir servicios modernos de agua urbana y su tratamiento tarifario más comprensible.
En segundo lugar, la diversidad del coste. Hoy por hoy, todavía parece exagerado el plan Borrell que 30 años atrás pretendía la interconexión de todas las cuencas hidráulicas, de forma análoga a la red de alta tensión. Transportar moléculas de agua es mucho más caro que transportar electrones. En consecuencia, el coste de producción del agua tiene un carácter local -o a lo sumo regional- que inevitablemente hay que considerar. No creo que los gallegos deban extender su solidaridad hídrica a los del levante español, cada vez más dependientes de las aguas regeneradas y desaladas. El agua rodada siempre será más barata que el agua elevada de un pozo y el agua limpia será más barata que la que requiera mayores dosis de tratamiento. Etcétera. Todo ello conduce a la diversidad de costes del servicio. También la estructura urbana, más o menos densa. Sólo en casos extremos, como es el de Israel, se justifica una fuente de suministro única para todo el país.
En tercer lugar, la diversidad en las formas de cubrir ese coste y su estructura fijo-variable. Ese es el terreno específico de las tarifas en el que cabría una mayor claridad no solo explicativa sino también de adecuación entre el ingreso y el coste efectivo de un servicio en las debidas condiciones, es decir con las pertinentes inversiones y la reposición de activos. A nivel conceptual, es de destacar la progresiva substitución de los mínimos de consumo por cuotas de servicio -que señalan que hay un coste que no depende del consumo sino de su disponibilidad- aunque llama la atención que algunos tributos modernos como el canon del agua en Cataluña mantienen ese mínimo de consumo y así contribuyen a la confusión de los ciudadanos.
En cuarto lugar, el uso eficiente de ese coste, es decir la evitación de las ineficiencias públicas, donde hay gestión pública, y de las privadas, donde hay ese tipo de gestión que, sin los debidos controles, tiende a la privatización de esas eficiencias.
El tratamiento de la prensa también tiene sus sesgos, como no podría ser de otra manera en un tema socialmente tan sensible. Sin ir más lejos, lo hemos visto recientemente con el aumento de tarifas de Aigües Ter Llobregat (ATL), que va a afectar en diverso grado a los municipios (unos 150 en la región metropolitana de Barcelona) que reciben esa agua. Algunos medios han informado estrictamente de que ATL ha aumentado la tarifa un 30%. Otro ha subrayado que se ha aumentado la tarifa del agua de Barcelona a causa de la sequía. Otro medio, muy selectivo en sus críticas y alabanzas, dice que el Govern sube la tarifa de agua a 5,5 millones de catalanes. Pocos explican que ese coste, el coste de garantía de suministro, es solo uno de los costes del abastecimiento de agua y que su tratamiento tarifario a los abonados del servicio dependerá de la estructura de costes en cada municipio, y del sistema de relaciones establecido entre el ayuntamiento y su operador del servicio.
Ciertamente, hay mucha pedagogía pendiente más allá de los intereses en juego y de las rutinas históricas.
