Algún día tenía que suceder. La ciencia ecológica derivó en conceptos políticos que algunos utilizaron para imaginar lo que desconocían y lo acomodaron a su visión del mundo. Eso fue el ecologismo, movimiento esencialmente urbano que mezcló retazos de la ciencia ecológica con elementos del más puro milenarismo —el mundo se acaba, y por nuestra culpa— para crear una especie de religión urbana en la que los movimientos ecologistas se han atribuido la función sacerdotal, es decir, han dictado las normas de conducta y han señalado quienes son los buenos y quienes los malos.
Claro que a ese resultado han contribuido de diversas maneras otros actores:
- La incapacidad de los partidos políticos tradicionales para avistar los cambios que se avecinaban y sus consecuencias.
- Tampoco lo quisieron comprender quienes mejor lo conocían, los sectores productivos que estaban cambiando el mundo, aunque a expensas de la degradación ambiental. Pertenezco a esa generación de estudiantes que en las escuelas técnicas todavía recibían el mensaje de que el humo - fábricas y vehículos- era factor de progreso, pues significaba actividad productiva y vitalidad económica.
- Los medios de comunicación comprendieron pronto la utilidad mediática de los mensajes ambientales. El ecologismo daba titulares, es decir audiencia, y la alianza entre esos sectores creaba ese sensacionalismo que permitió promover una nueva moral social -urbana- que buscaba la conciliación -difícil o imposible- entre el consumismo y el respeto ambiental.
El gran ausente de todo ese movimiento ha sido el campo, que en paralelo ha vivido su propia ensoñación, basada en el gran mercado europeo y la abundante protección de subvenciones a determinados cultivos, e inversiones en nuevos regadíos. En paralelo, la estructura de la propiedad de la tierra y de la producción, substituye lentamente el viejo campesino por sociedades más o menos anónimas que alinean sus intereses y sus estrategias al amparo de la tradicional e ilusoria visión que se tiene del campo desde las ciudades.
Hasta el momento, las dinámicas urbanas y las rurales han seguido sus caminos paralelos sin entrar en contradicción. Ahora bien, el conocimiento que se tiene de las dinámicas globales, en especial del clima, va señalando elementos a corregir no solo en las dinámicas urbanas, sino en todos los ámbitos productivos, incluido el agroganadero. Buena prueba de ello son las tensiones observadas, entre otras, en el Mar Menor o en Doñana.
En ese punto, el campo va mostrando sus motivos de enfado. Las organizaciones agrarias agrupan los intereses de pequeños y grandes productores conscientes de su capacidad de presión para defender sus intereses. Ahora bien, el desconocimiento urbano ha metido la pata en numerosas ocasiones —por ejemplo, en las limitaciones ambientales a determinadas zonas del canal Segarra Garrigues—, fruto del empecinamiento administrativo desinformado y mal asesorado, y ha dado alas a ese enfado.
El calentamiento global y la degradación de los espacios naturales han sido el fundamento de recientes iniciativas comunitarias para acelerar la reducción de emisiones y proteger importantes porcentajes de espacios marítimos y terrestres. Las expectativas de una intervención profunda en los procesos productivos agrarios señalan que la degradación ambiental no solo es fruto de la actividad urbano-industrial, sino que alcanza a los modos productivos agrarios, que también deben modificarse en profundidad.
El campo, como ya sucedió décadas atrás con la industria, tampoco hace autocrítica; prefiere mostrar su incomodidad, alentada por otros factores como el aumento de coste de los insumos, o la promoción de la protección de especies depredadoras del ganado. En España, además, esas dinámicas se han reforzado por las polémicas sobre la caza o la tauromaquia.
La sequía ha puesto la guinda definitiva a ese malestar. Ya se sabe que no hay ni habrá más agua, pero el malestar ya está en el campo político en el que se confunden deseos con realidades y se ignora que la primera condición para transformar la realidad es conocerla (o mejor, reconocerla, pues ahí está).
Las viejas políticas de fomento, pusieron el agua en manos de las comunidades de regantes. Algunas la administran con prudencia y con señales económicas adecuadas. Otras, muchas, no. No es de recibo que extensas zonas de regadío estén pendientes de reparcelaciones que permitan un reparto y uso eficiente del agua, o que ni se sepa el agua que se consume, pues, en ausencia de contadores, los sistemas de medida se basan en el tiempo de disponibilidad de agua. ¿Cómo justificar inversiones públicas en esas condiciones?
No es de recibo que se vayan a regularizar regadíos ilegales sin futuro: ¿quién va a indemnizar, si se reconocen, las expectativas que se alientan cuando la realidad muestre que el humedal se ha convertido en un desierto?
El conflicto se perfila. Está entrando en escena una nueva forma de hacer política que en vez de corregir errores los va a agudizar. ¿Quién va a pagar la factura por la falta de sentido común?
