Ya no se trata de tener fe. Las evidencias abruman y más bien la fe se ha trasladado a los que todavía niegan el cambio climático. Hay que tener mucha fe (o quizá otra cosa) para seguirlo negando.
El mundo del agua debe contar con esa realidad, revisar inercias históricas y replantear su estrategia. Para ello quizá sea oportuno recordar cómo nacieron las grandes estructuras administrativas del agua y ver si es necesario y posible un replanteo en profundidad.
Los servicios públicos del agua urbana vieron la luz en 1924, con el Estatuto de Calvo Sotelo. Fue un documento que empoderó a los municipios para que pudieran afrontar los problemas derivados del crecimiento urbano y en especial los relacionados con la higiene pública y el urbanismo.
La creciente intervención de la administración en la política energética y de regadíos alumbró las Confederaciones Hidrográficas, que desde su fundación, y todavía hoy, están muy orientadas a esos fines.
Estaba lejos la concepción del ciclo del agua, hasta el punto de que la política de concesiones se refería únicamente al agua superficial. La subterránea era otra cosa hasta que en 1985 la Ley reconoció la unidad del ciclo y se empezó algo que hoy, 35 años más tarde, todavía está en curso: el registro oficial de (todas las) aguas.
El reconocimiento del agua como algo único cuya dinámica circular abarca las aguas superficiales y las subterráneas –por no hablar de las nieves o de la lluvia artificial, recientemente debatida en el Congreso de los Diputados- ha desarrollado el concepto cíclico en otros ámbitos cuya expresión más publicitada es la del ciclo urbano, pero que se extiende a todos los usos del agua cuya extracción es objeto de concesión y de aplicación específica. Así puede hablarse del ciclo general del agua y de los ciclos específicos, ya sean urbanos, agrícolas, energéticos u otros.[1]
La autoridad hidráulica debe considerar esa realidad. Los instrumentos existen: son las confederaciones hidrográficas (o los organismos derivados de su trasferencia competencial a las CCAA en los casos en que así sea). El replanteo de su dinámica se puede resumir en dos aspectos sencillos de describir, aunque enjundiosos y atravesados de dificultades en un mundo, como el del agua, en el que sensibilidades e intereses suelen dificultar la resolución de los problemas.
En primer lugar, deben desarrollar una política específica para los nodos entre el ciclo general y los ciclos particulares de uso. En esos nodos es donde se generan derechos y obligaciones entre concedente y concedido. Sin entrar más a fondo, algunos detalles muestran la necesidad de revisión: Los usos del agua requieren de garantías: si son económicos, lo exige la viabilidad del uso. Si son ambientales, lo exige la vida. Ya no es de recibo tener derecho al agua concedida sólo si la hay. La administración hidráulica debe considerar que su responsabilidad es incrementar la garantía de disponibilidad a través de la planificación y los mecanismos financieros derivados. Y, por otra parte, reconocer los límites del recurso existente. En una revisión de los registros concesionales sorprendería la diferencia entre el recurso regulado y la suma de los derechos de captación otorgados.
En los nodos se puede emitir una señal económica que incentive el uso eficiente del agua. No tiene sentido predicar la necesidad de ahorro y repartir el recurso escaso a precio de orillo. No sólo por emitir mensajes equívocos, sino porque las CCHH, en tanto que entes autónomos, deberían disponer de una financiación suficiente para cumplir con los fines que tienen encomendados. Los nodos son, en general, los puntos de captación y punto de vertido. En otros casos, como los aprovechamientos hidroeléctricos, los nodos responden a criterios económicos que deben establecerse en base a costes de oportunidad o a impactos alternativos en relación al régimen general del agua o a usos que puedan verse alterados por ellos.
En segundo lugar, la relación con el agua urbana. Claro que la norma dice que los usos urbanos deben ser objeto de concesión. Pero la historia está llena de casos en los que la relación concesional tiene singularidades derivadas de la historia y que hoy serán difíciles o imposibles de repetir. Eso debería ser objeto de revisión y análisis y, por si sólo arrojaría luz sobre la relación entre autoridad hidráulica y administración local que permitiría comprender muchas disfunciones que el futuro el agua exigirá replantear.
No es menor el asunto de los cánones de vertido y su relación con los planes de saneamiento, la obligación de construir y explotar depuradoras, y el sistema de responsabilidades derivado de la organización del planeamiento, financiación y ejecución. No ha simplificado la cuestión, más bien al contrario, la aparición en escena de las CCAA con competencias delegadas del Estado.
Las CCHH deben sentir el agua urbana como algo próximo y establecer mecanismos de coordinación con las autoridades locales. Son administraciones públicas cuyas competencias –por decirlo en términos de agua- deben funcionar en cascada sobre el mismo cauce.
Por otra parte, la consideración del agua como un ciclo y de cada ciclo específico derivado, no puede hacernos olvidar que el agua es densa - y por tanto, sus costes de elevación y transporte son altos- y con grandes diferencias en la necesidad de tratamiento. Esos costes se agravarían con el establecimiento de una red general de distribución. No puede establecerse una Red de Agua Española, a la manera de Red Eléctrica Española. Ya fracasaron el plan Borrell y el trasvase del Ebro. De ahí la utilidad actual y futura de las administraciones de cuenca y la necesaria prudencia en las políticas de trasvase, siempre problemáticas en tanto que desvisten a un santo para vestir a otro, y la necesidad de ampliar el abanico de tecnologías para aflorar nuevos recursos y promover su uso eficiente.
