Una investigación realizada por Le Monde y la unidad de investigación de Radio France ha descubierto que varios fabricantes franceses, incluyendo a Nestlé, han estado aplicando tratamientos prohibidos a sus aguas embotelladas. Estos tratamientos incluyen la microfiltración inferior a 0,8 micras, una práctica no permitida por las regulaciones actuales, y la adición de sustancias como sulfato de hierro y CO2 industrial.
El caso se inició con un informe de fraude dentro del grupo Sources Alma, que produce diversas marcas de agua embotellada en Francia. La investigación de la Dirección General de Competencia, Consumo y Control del Fraude (DGCCRF) reveló que la empresa estaba sometiendo sus aguas minerales a tratamientos no conformes con la normativa, incluyendo la mezcla de aguas minerales o de manantial con agua del grifo.
En un esfuerzo por mantener la producción de sus fábricas de agua mineral, Nestlé admitió ante el Ministerio de Economía francés que había recurrido a prácticas no conformes, ya que las fuentes de agua que utilizaba estaban regularmente contaminadas. A raíz de esto, el gobierno francés, en una reunión interministrial, concedió a Nestlé la posibilidad de autorizar, mediante la modificación de decretos, la práctica de la microfiltración inferior a 0,8 micrones.
Un informe posterior, preparado por la Inspección General de Asuntos Sociales (Igas) y enviado al gobierno, encontró que casi el 30% de las marcas de agua embotellada no cumplían con la normativa. En particular, se destacó que todas las marcas de Nestlé utilizaban tratamientos prohibidos, incluyendo la microfiltración por debajo de 0,8 micrones y el uso de carbón activo y ultravioleta.
Aunque Nestlé afirmó haber retirado algunos de estos tratamientos de sus fábricas, la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria Alimentaria (Anses) señaló que los sistemas de microfiltración mantenidos por Nestlé no cumplían con el marco regulatorio.
El escándalo ha llevado a la organización de defensa de los consumidores Foodwatch a presentar una denuncia por "tromperie" (engaño). Asimismo, el ARS Grand Est contactó al fiscal de Epinal, quien abrió una investigación preliminar por engaño en el código de salud pública, mientras que en otras regiones, como Occitanie, no se tomaron acciones legales a pesar de irregularidades similares.
Este caso pone de manifiesto problemas significativos en la regulación y supervisión de la industria del agua embotellada, así como preocupaciones sobre la seguridad y la calidad del agua que se ofrece al consumidor.
