Hugo Morán no es un recién llegado a la política medioambiental española. Su trayectoria política se inició en Asturias, donde llegó a ser alcalde de Lena entre 1995 y 2007, además de ocupar diversos cargos relacionados con el desarrollo rural en el Principado. Poco después ejerció como diputado en la IX legislatura, siendo precisamente portavoz en la Comisión de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Socialista. Antes de llegar a la Secretaría de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica, Morán compatibilizaba su actividad en la empresa privada con la dirección de la Secretaría Federal del PSOE para la Transición Ecológica de la Economía.
En esta entrevista, la primera concedida tras su nombramiento, hablamos largo y tendido sobre los temas más urgentes a abordar en materia de agua en este nuevo ciclo político abierto por el gobierno de Pedro Sánchez.
Pregunta: Tras su nombramiento como Secretario de Estado, ¿cómo describiría la situación de la gestión del agua en España a su llegada al Ministerio, y cuál es su valoración de este tiempo en el cargo?
Respuesta: No ha cambiado la visión que tenía. Ahora tengo información más ajustada al momento, que constata la necesidad de que este país acomode sus expectativas en relación al agua a una realidad que ha cambiado.
Sin embargo, la sociedad sigue demandando respuestas en materia hidrológica como si no hubiese pasado nada en los últimos 20 años. Es más, España tiene un modelo de gestión del agua asentado sobre las demarcaciones hidrográficas que sigue siendo exitoso, pero han sucedido muchas cosas desde que se definió y, en muchos casos, no para bien.
P.- Nuestro país dispone de un amplio parque de infraestructuras hidráulicas que requieren un importante esfuerzo para su mantenimiento. ¿Qué actuaciones hay previstas para paliar el déficit de inversiones en este sentido?
R.- En 2010 el presupuesto de agua fue de 1.300 millones de euros, y en este ejercicio presupuestario en torno a 500. Entre 2010 y 2018 se han producido descensos con anualidades por debajo de los 200 millones de euros.
¿Qué significa esto? Que en materia de intervención, para cumplir con los objetivos de Bruselas respecto a saneamiento y depuración, hemos sufrido una ralentización que ha impedido llegar a tiempo para evitar la sentencia que acaba de dictarse sobre un expediente de infracción notificado en 2011. Tenemos que prever una recuperación de la capacidad de inversión en materia de agua desde un principio básico: los recursos que se producen en la gestión del agua deben retornar al ciclo del agua.
En el proceso de búsqueda de nuevos nichos para la actividad económica en un modelo asentado sobre la construcción de infraestructuras, en paralelo a la caída de la capacidad de inversión, se ha buscado refugio en sectores con más capacidad para asegurar el retorno de las inversiones, como el agua. Y muy especialmente en el ciclo de inversión que corresponde a los ayuntamientos, que en el momento de hundimiento de recursos, han puesto en marcha mecanismos de recaudación por vía concesional en materia de agua que han acabado derivando esos recursos hacia otras necesidades, en detrimento de garantizar la sostenibilidad del ciclo del agua.
Lo que sale del agua debe retornar al agua. En la implementación de un modelo de economía circular debe aplicarse ese principio al ámbito del propio recurso. Así estaríamos sentando las bases de una estabilidad para obtener capacidad, con certidumbre en el tiempo, de garantizar una senda de aplicación de recursos públicos a la garantía de seguridad en el suministro de agua.
P.- En una coyuntura de austeridad fiscal como la que vivimos, y con la exigencia de cumplir los criterios de déficit exigidos por Bruselas... ¿Cómo se podrían financiar estas inversiones necesarias? ¿Se contempla la utilización de fórmulas de participación público-privada?
R.- Primero tenemos que identificar los recursos disponibles en las administraciones para aplicarlos al ciclo del agua. En una legislatura de duración limitada hay que priorizar las intervenciones. La sentencia del Tribunal Europeo condenando a España por incumplimiento en saneamiento y depuración obliga a priorizar ese ámbito. En último término, tenemos que implementar la reutilización para colocar a España en la senda de la adaptación al cambio climático, donde va a ser un elemento sustancial.
Debemos identificar los recursos disponibles en la administración que puedan ser aplicados de forma inmediata a un plan nacional de ahorro, saneamiento, depuración y reutilización de agua. Cuando tengamos clara esta capacidad de inversión, veremos si es necesario recurrir a otras vías. En paralelo, la Unión Europea (UE) está iniciando la implementación del nuevo modelo de economía circular. Parece razonable concluir que se van a habilitar recursos para implementar criterios de economía circular al mundo del agua. Anticipar la realidad antes de concluir el plan sería un ejercicio baldío en estos momentos en que tenemos que volcar los esfuerzos en su diseño.
Si hubiera una limitación de recursos, no renunciamos a adoptar otras modalidades.
P.- A propósito del mencionado Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización, ¿cuáles son las principales líneas del plan y cuáles los plazos?
R.- Quisiéramos tener una primera estructura del plan en octubre. Y no más allá de febrero del próximo año, una estrategia sobre la cual asentar las bases de un acuerdo de país en materia de agua que aborde la necesidad de adaptación de la política de agua a la nueva realidad de cambio climático.
La previsión en relación a la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es que uno de los ámbitos más vulnerables es el mundo del agua, e igual que vamos a tener una Ley de Transición Energética, detrás tiene que venir una Ley de Transición Hidrológica.
P.- Recientemente, España ha sido multada por el incumplimiento de la Directiva europea de depuración. ¿Qué medidas se contemplan para hacer frente a esta problemática?
R.- Destinar recursos a pagar multas cuando podrían destinarse a inversiones de depuración es un contrasentido. Nuestra obligación es acortar al mínimo los periodos de sanción, de manera que volquemos todos los recursos en la resolución de problemas en el ámbito local, autonómico y estatal. No todo puede ir en el mismo calendario. Hay procedimientos a seguir, y en algunos casos, ni siquiera hay disponibilidad de terrenos para acometer las obras. En otros, hay que superar trámites ambientales muy rigurosos, porque si en un intento de agilizar los tiempos no se culminan, se puede acabar con sentencias que obligan a reconsiderar inversiones ya ejecutadas.
Esta situación no se puede dar. Hay que ser claro con los ciudadanos. A un colectivo con una problemática que requiere soluciones inmediatas no se le puede prometer una “patada hacia delante”. Al ciudadano hay que decirle qué es lo que se puede hacer, qué trámites son los que hay que seguir para poder hacerlo y hacerlo bien. Pero generar ilusiones que años después no han solucionado el problema inicial conduce a la frustración. Entonces, vamos a acometer soluciones individualizadas que están identificadas en el expediente que se ha sustanciado en una sentencia. Hay otros expedientes de infracción que no han llegado a sentencia, y nuestra obligación es darles respuesta antes de que lleguen a ello.
Hay una segunda vertiente. Vamos con 20 años de retraso respecto a los calendarios de la UE. España no es una anomalía única entre los 28, pero igualmente debemos recuperar la credibilidad ante la Comisión Europea. Hemos incumplido reiteradamente calendarios de compromiso, con lo cual tenemos que plantear un escenario creíble de ejecución de nuestras obligaciones en un cronograma razonable, y que ello permita tener capacidad de acceso a recursos para llevarlo a término. No podemos construir una ficción de compromiso que no seamos capaces de ejecutar.
P.- La herramienta fundamental para poner en marcha las medidas que menciona es sin duda la planificación hidrológica. El anterior gobierno se jactaba de haber concluido el ciclo la planificación hidrológica a escala de cuenca dentro de los plazos marcados por Europa. ¿Cómo enfrenta la nueva ejecutiva el siguiente ciclo de planificación?
R.- Cada gobierno es heredero de quienes le precedieron y transmite un legado a la administración que le sucede. Este gobierno llega con una filosofía en materia de gestión de agua que es sustancialmente distinta a la del gobierno anterior, y es que el país necesita un escenario de acuerdo básico en materia de agua que no esté sujeto al albur de los cambios de gobierno.
Ese acuerdo debe sustentarse sobre las premisas de la sostenibilidad y la seguridad. La sostenibilidad la da un concepto ecológico en el modelo de gestión: las infraestructuras no resuelven los problemas de carencia de agua, sino que ha de ser la gestión razonable del agua la que traslade certidumbre en el tiempo. Las infraestructuras lo que hacen es coadyuvar a una mejor gestión, pero sin recurso no hay posibilidad de trasladar certidumbre hacia el futuro.
En ese modelo, la diferenciación de las fuentes convencionales y no convencionales ha pasado a la historia. El sistema es único, y todas las fuentes tienen el concepto de bien público. Pueden ser aguas superficiales, aguas subterráneas y sistemas de desalación y reutilización. La diferencia básica es que la ecología es la base de la seguridad del sistema. Todas son fuentes convencionales porque deben de alimentar al mismo sistema, y todas deben de tener una base de gestión pública. Sobre ese principio podemos construir un suelo de acuerdo que sirva para cualquier administración de cualquier color político que tenga que gestionar el agua en los próximos años.
P.- Pero la titularidad del agua ya es pública.
R.- Es pública, ma non tropo. Hay un principio que se traduce en instrumentos normativos que regulan la gestión del recurso agua en nuestro país, pero no se nos escapa que se han producido fenómenos de privatización del recurso que en algunos casos detraen la calidad de ese concepto público del agua con la generación de conflictos de orden social. A la administración le corresponde garantizar que no se va a convertir en un elemento económico por encima del interés básico de la garantía de suministro público. En ese sentido, hay países que han evolucionado en la aplicación de principios normativos a la gestión del agua que establecen procesos garantistas mayores que los que en España se han ido deslizando a lo largo de los últimos años. No me parece razonable ir a mecanismos concesionales de 25, 30, 40, 45 años.
En la aplicación de los principios de negocio de la inversión en infraestructuras hay que garantizar unos períodos razonables para amortizar las inversiones, pero si quitamos la capacidad de decisión pública por la entrega de un proceso de gestión absoluta del recurso durante 50 años a una empresa, no estamos en condiciones de garantizar que el recurso durante ese período de tiempo sea público. El modelo francés establece un mecanismo de limitación en ese sentido. El instrumento que permita garantizar esto es además el principio del retorno al ciclo del agua.
Cuando uno sabe que todo lo que sale del agua debe volver al agua, desaparecen tentaciones de convertir su gestión en un negocio. Esto ha devenido en la remunicipalización. El término puede ser discutible, pero trata de garantizar a la ciudadanía que la capacidad de control y decisión respecto a un bien público no sale de su ámbito. Cuando se producen movilizaciones ciudadanas de reivindicación respecto al recurso, es que no hemos sido capaces de mantener ese principio.
P.- Hay modelos concesionales, mixtos o privados, que se han demostrado efectivos en el tiempo. Otros casos de remunicipalización han implicado, por ejemplo, la subida de tarifas por el cambio de modelo. ¿Apoyan este tipo de cambios de ‘vuelta a lo público’ en estos casos?
R.- La generalización nos lleva a aplicar principios absolutos cuando no existen. Podemos tener encarecimiento del recurso en función de la gestión, la haga quien la haga. Hay subidas desorbitadas del precio del agua en sistemas de gestión privada y gestión pública. La diferencia es que en un modelo de gestión pública, en 4 años la ciudadanía tiene la capacidad de decir: usted lo ha hecho fatal, se va. En un mecanismo concesional a 50 años es muy difícil revertir ese proceso.
Hay que establecer un escenario de seguridad donde la actividad pública y la privada estén sujetas a un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas, y que en el momento en el que fallen los mecanismos de control, el ciudadano tenga la capacidad de decidir.
A mí me ha tocado gestionar la prestación de este servicio. Heredé un mecanismo de gestión concesional que establecía un período de revisión de la concesión cada 5 años. De manera que quien entraba a regir los destinos del municipio tras unas elecciones, tenía por delante un año para tomar una decisión respecto al siguiente período concesional. Lo que no me parece razonable es que se produzcan situaciones de consolidación de manera que una empresa supere la capacidad de decisión de una corporación municipal, porque eso es hurtar una parte de la capacidad de decisión a la ciudadanía.
P.- En este sentido, una de las demandas del sector del Ciclo Urbano del Agua es un regulador que armonice el servicio en España. Cristina Narbona mencionó en un evento de iAgua la posibilidad de crear un Observatorio del Agua que asumiera estas competencias. ¿Está prevista su creación?
R.- De la experiencia de una subcomisión que ha trabajado en el Congreso de los Diputados durante los últimos 6 meses, donde han comparecido expertos de todos los sectores que afectan a la gestión del agua, se deduce que todo va encaminado hacia la necesidad de establecer marcos de certidumbre en la gestión: sistemas de regulación y control transparentes que tengan la capacidad para exigir el cumplimiento de la norma.
Es necesario un mecanismo que homogeneice el tratamiento estratégico de la gestión del agua. Vivimos en un país con necesidades y condiciones de partida muy distintas, pero en materia de gestión del agua necesitamos unos principios con vocación de permanencia que sirvan en el ámbito público y privado.
Es decir, tanto administraciones como empresas necesitan desenvolverse en certidumbre. Y para eso son necesarios instrumentos rigurosos en términos técnicos, con amplios conocimientos y que, además, se manejen con criterios de transparencia. Este tipo de órganos no los tenemos.
Como venimos de un sistema en el cual los órganos de control son las propias confederaciones hidrográficas, no parecía necesario contar con un instrumento de coordinación a nivel general. Eso nos lleva a repensar también su papel: han ido convirtiéndose en instrumentos de gestión de obra e infraestructuras, y han ido perdiendo su cualidad inicial de órganos reguladores del recurso a pie de cuenca.
En un momento determinado, se consideró oportuno crear sociedades instrumentales de agua para que asumieran la gestión de las obras de las infraestructuras. Pero en lugar de evolucionar en esa dirección, se produjo una convivencia, en algunos casos competencia. De tal manera que las confederaciones han tenido un déficit de acomodación a los nuevos tiempos en términos de gestión de nuevos modelos y conocimientos académicos que exceden más allá de las cualificaciones profesionales clásicas en su ámbito. Precisan de una modernización que las adecúe al siglo XXI: siguen siendo los mejores instrumentos para gestionar el agua, pero falta un mecanismo de coordinación que dé cobertura a esa carencia de un instrumento de país que traslade esa certidumbre que todos los agentes del mundo del agua buscan.
P.- Hablando de confederaciones, uno de los puntos clave de la planificación serán sin duda los trasvases. ¿Cuál es la política del Ministerio a este respecto?
R.- La vocación en este país es la gestión por unidades de cuenca. Cada una debe diseñar su capacidad de utilización del recurso con los recursos propios disponibles. El problema surge cuando a la cuenca se le demandan más recursos de los que tiene capacidad de suministrar. En su momento, se consideró la posibilidad de que en aquellas en las que se producía una mayor demanda de la capacidad que tenía la propia cuenca, se podía transferir desde otras cuya demanda era inferior a la capacidad que en aquel momento tenía la cuenca. De ahí nacen los trasvases. Hoy, todas las cuencas pasan por una limitación del recurso respecto a su recorrido histórico que se va a consolidar a consecuencia del cambio climático.
Es probable que vayamos hacia una situación en la cual todas las cuencas tengan una demanda superior a la capacidad de esa propia cuenca para atenderla. Con lo cual, van a ir desapareciendo los trasvases. Eso nos coloca con una capacidad de respuesta cada vez más extraordinaria. Venimos de un período de 4 años de sequía en el que no trabajamos sobre hipótesis, sino sobre realidades. La información indica que nos aproximamos cada vez más hacia una reiteración en el tiempo de estas situaciones de crisis. ¿Qué es lo que deberíamos hacer desde una gestión razonable? Implementar una política que permita a cada cuenca caminar hacia espacios de autosuficiencia mediante el aprovechamiento de recursos hasta ahora no convencionales.
Cada cuenca debe evolucionar hacia escenarios de autosuficiencia que no la hagan depender de la inseguridad de recursos de otra cuenca, que en un momento determinado pueda estar sometida a un estrés hídrico incluso mayor que la cuenca demandante. Podríamos no hacer nada y esperar a que se produzca la catástrofe, y el que tenga la responsabilidad en ese momento que asuma las consecuencias. Entendemos que no es razonable. Tenemos la obligación de anticiparnos. ¿Tiene que cambiar la realidad de la noche a la mañana? No. Tenemos que aprovechar los recursos y las infraestructuras existentes en un proceso de transición justa en el ámbito hidrológico, e ir desacoplando la necesidad de disponer de recursos externos en cada cuenca con mecanismos propios a sus demandas.
P.- Es decir, que este gobierno apoyará la reutilización y la desalación de una manera más intensiva.
R.- Es evidente, pero no estamos hablando de algo que inventemos nosotros. La UE viene reflexionando en los últimos años sobre el concepto de economía circular, y si hay un espacio en el cual su aplicación va a ser especialmente necesaria es el agua. Ahí la reutilización tiene que convertirse en un elemento inseparable de los modelos de gestión del agua. Y los territorios que sufren mayor estrés hídrico o tienen menor capacidad de respuesta a las demandas con recursos propios, incorporar la desalación. Nuestra previsión es duplicar la capacidad de suministro con agua desalada al sistema en estos territorios de aquí a 2021.
P.- Gran parte de estos recursos no convencionales están destinados a la agricultura. ¿Cómo se gestiona el uso de agua en coordinación con el Ministerio de Agricultura?
R.- Es necesario implantar un criterio de planificación compartido. No se puede planificar el desarrollo de regadíos sin tener en cuenta la planificación hidrológica. Tras el diseño de la capacidad del recurso, debe venir el diseño de su aprovechamiento económico. Diseñar modelos de ampliación de cientos de hectáreas regables sin una reflexión previa del escenario hidrológico futuro nos coloca en unas expectativas que se convierten en demandas ciudadanas que exigen respuestas efectivas. Conviene parar el reloj, avanzar en nuestro diagnóstico en materia de cambio climático y ver en qué se traduce: previsiones a futuro, capacidad de disponibilidad del recurso y, una vez que sepamos lo que tenemos en cada territorio, crecer en nuevos regadíos o no.
En paralelo, el mundo de la agricultura tiene que redoblar sus esfuerzos en la optimización del recurso. Pero con la vocación de que todo aquello que se consiga ahorrar por aplicar el principio de eficiencia, no puede ser automáticamente aplicado a una expectativa de crecimiento de superficies regables. Esa agua debe devolverse al sistema para garantizar su capacidad ecológica. Y será el sistema el que diga si se pueden reordenar usos regables en determinadas zonas. La planificación agraria y la planificación hidrológica no pueden caminar de espaldas.
P.- Con ese trasfondo de cambio climático, el anterior Gobierno dejó en el tintero la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética. ¿Cuál es la postura del Ministerio en relación al borrador del documento?
R.- Vamos a seguir una línea continuista, en la medida en la que recogemos el trabajo hecho por los profesionales y técnicos del MAPAMA que hereda el Ministerio para la Transición Ecológica, un proceso de transposición de los compromisos internacionales en materia de cambio climático aplicados a la política de país. Se ha hecho un trabajo en esa dirección que curiosamente coincide con el texto de la proposición de ley que el Partido Popular registró en el Congreso recientemente. Los diagnósticos que corresponden a la transposición de acuerdos internacionales, de análisis científico y de elaboración técnica, no van a variar en gran medida.
Sí hay una ruptura radical en el hecho de que es imposible un compromiso de gestión en materia de cambio climático sin un cambio de modelo energético. El gobierno actual entiende que sin el instrumento de transición energética, cualquier apelación no deja de ser discurso, y necesitamos instrumentos para llevar a la práctica esos compromisos.
P.- Finalmente, y ante la perspectiva de elecciones generales en 2020, ¿qué balance le gustaría dejar al llegar esa fecha?
R.- No gestiono en esos términos temporales. Me gustaría estar seguro de que he hecho lo suficiente para que quienes vivan en este país dentro de 30, 40, 50 o 60 años se encuentren con que alguien dibujó una senda que permitía garantizar que, por lo menos, no viviesen peor en términos de seguridad ambiental que hoy.
