El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha incluido hoy en un Real Decreto-ley la prórroga de varias de las medidas temporales establecidas para hacer frente a la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, cuya vigencia terminaba el próximo 31 de diciembre, reforzando así la protección de las familias y de las empresas. Igualmente, la norma incluye disposiciones para el fomento de las renovables y la competitividad de la industria –incluido el autoconsumo–, así como actuaciones para afrontar los efectos de la sequía.
En vista de la persistencia de las tensiones inflacionistas y de la incertidumbre que continúa afectando a los mercados internacionales, ahora también por la guerra en Gaza, el Ejecutivo ha decidido prolongar, durante seis meses con carácter general, la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables; los descuentos reforzados del bono social y las tres categorías de beneficiarios; una fiscalidad reducida para gas y electricidad; los vigentes cargos de la electricidad; las ayudas para las tarifas reguladas de gas (TUR) o la exención del 80% de los peajes eléctricos a la industria electrointensiva, entre otras medidas.
Estas disposiciones de protección se financiarán con cargo al superávit registrado en el sistema eléctrico durante 2022 –y el que pueda registrarse en 2023– así como con partidas específicas recogidas en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Igualmente, ha introducido el almacenamiento de energía entre los usos del agua, adaptando a esta finalidad las concesiones de las centrales hidroeléctricas de bombeo.
Por otro lado, con relación a la sequía, particularmente notable en las cuencas del sur y el este –como la del Guadalquivir o las internas de Cataluña–, y con la intención de evitar problemas de suministro de agua, se adoptan nuevas medidas urgentes de índole tributario y administrativo, que permiten paliar el impacto de la falta de agua y repartir el recurso de forma solidaria y equitativa entre todos los sectores afectados.
Impulso al almacenamiento hidroeléctrico de energía
El almacenamiento de energía es fundamental para la integración de grandes volúmenes de producción renovable y la electrificación acelerada de la economía. En este sentido, el Gobierno ha integrado el almacenamiento entre los usos del agua, ubicándolo en tercer lugar en el orden de preferencia establecido, por detrás del abastecimiento a poblaciones y el uso agrario, y por delante de la producción de energía eléctrica y de otros usos industriales. Igualmente, se adaptan las concesiones de las centrales hidroeléctricas de bombeo para que se consideren como almacenamientos hidráulicos de energía y se propicie su repotenciación.
Distribución solidaria y justa de los recursos hídricos
La norma aprobada también incluye dos tipos de medidas para afrontar la sequía, de exención tributaria y de tipo administrativo, para corregir o mitigar la situación.
Por un lado, durante 2024 se conceden exenciones sobre el canon de regulación y la tarifa de utilización del agua para las explotaciones agrarias beneficiarias de las obras hidráulicas en las siguientes cuantías: el 50% de reducción de la cuota si se ha producido una bajada de la dotación de agua superior al 40% e inferior al 60%. Y del 100% de reducción de la cuota si la bajada de la dotación de agua es igual o superior al 60%.
Por otro lado, las confederaciones hidrográficas podrán establecer las reducciones de suministro necesarias para la justa y racional distribución de los recursos, modificar los criterios de prioridad en las asignaciones o suspender cautelarmente el otorgamiento de títulos que implique el incremento del consumo. Además, se refuerza el régimen sancionador para las infracciones relacionadas con estas medidas.
A los usuarios de las obras hidráulicas de la cuenca Guadalquivir se les concede una reducción del 50% al canon de regulación y la tarifa de utilización del agua. Y a los regadíos de la cuenca del Segura que usan el Acueducto Tajo-Segura, se les exime de las aportaciones correspondientes al coste de las obras y los gastos fijos de la tarifa de conducción de las aguas, entre otras facilidades.
