Recientemente, la administración hidráulica andaluza declaraba la situación excepcional de sequía de las zonas de Campo de Dalías (Almería) y Guadalhorce-Guadalteba-Conde de Guadalhorce-Casasola-Limonero (Málaga), las cuales venían a sumarse a las de la cuenca del Barbate y el Campo de Gibraltar, en Cádiz, y la comarca de Cuevas de Almanzora, en Almería. En esta misma situación se encontraba desde el 2 de noviembre del pasado año la Cuenca del Guadalquivir, dependiente de la administración central. Y lo triste y verdad es que todos estas declaraciones no eran sino el testimonio fiel de una situación hidrológica generalizada verdaderamente deprimente en toda Andalucía, con la única excepción de Huelva.
La consecuencia de esta situación hidrológica es que tenemos fuertes restricciones en todas las Cuencas para la campaña que acaba de comenzar: en el Valle Almanzora, en Almería; en la Axarquía y Guadalhorce, Málaga; y en Guadalete-Barbate y Campo de Gibraltar, en Cádiz, todas ellas de competencia autonómica, y por supuesto, también, en el Guadalquivir, de competencia estatal. En ninguno de estos casos, podemos afirmar que esto nos ha llegado de sorpresa. Muy al contrario, se veía venir. Con la excepción de 2018, venimos sufriendo desde 2013 un ciclo seco meteorológico que es el que nos ha llevado hasta la situación hidrológica actual. ¿Y qué se ha hecho en todos estos años? ¿Qué medidas han tomado las administraciones en este tiempo para combatir el problema e intentar combatir la dependencia del campo hacia la meteorología?
Esas políticas verdes son también las que pueden empezar a impedir que la sociedad reciba los incuestionables beneficios del regadío
Efectivamente, la respuesta es la que usted imagina: nada. Desde 2008, fecha en la que entró en servicio la Breña II, el último gran embalse construido en Andalucía, no hemos tenido ninguna puesta en funcionamiento de otra obra de regulación relevante. Muy al contrario, lo que hemos padecido es la falta de planificación de nuevos proyectos y la inejecución de los planificados. Baste el ejemplo de lo que ha sucedido en la mayor de nuestras Cuencas, la del Guadalquivir, en cuyo plan hidrológico recientemente aprobado desaparecen obras que sí al menos venían recogidas (aunque no se ejecutaron) en los planes hidrológicos previos, como la modernización de las zonas regables del Rumblar y Guadalmena en Jaén y las Vegas de Granada, la presa de Velillos y la de Castillo del Montizón. La única obra que se contempla es el recrecimiento del Agrio, así como el estudio alternativo y proyectos de las presas de San Calixto, en el rio Genil, y Cerrada de la Puerta, en el río Guadiana Menor, que ni siquiera se ejecutarán en este ciclo hidrológico. Otro botón de muestra lo encontramos en la Cuenca del Mediterráneo, donde la ejecución de la presa de Gibralmedina y el Recrecimiento de la presa de la Concepción se demora para el horizonte 2037 y las conducciones de Rules, siguen sin ejecutarse. En el caso de la cuenca Tinto.Odiel y Piedras, sigue sin ejecutarse su “cuello de botella, la duplicación del Tunel de San Silvestre, ni se avanza en las obras del trasvase del Condado para sustituir aguas subterráneas por superficiales, para beneficio del medio ambiente del entorno de la joya natural de “Doñana”, que todos queremos proteger.
Hay un viejo refrán que dice que, de lo que se siembra, se recoge. En los últimos lustros, las políticas “verdes” de las administraciones españolas vienen “sembrando” lo que estamos recogiendo: fuertes restricciones para el regadío que llegarán en este campaña en varios sistemas a dotaciones inferiores al 30%; deslizamiento hacia los cultivos menos demandantes de agua y de menor valor añadido y campos en barbecho; cientos de millones de pérdidas, debido a la merma de productividad y rentabilidad asociada a estas restricciones deficitarias; y desempleo y despoblación en el medio rural, muy dependiente social, económica y demográficamente de la agricultura de riego. Quizás la mayor paradoja es que esas políticas verdes son también las que pueden empezar a impedir que la sociedad reciba los incuestionables beneficios medioambientales del regadío, relacionados con la protección de la biodiversidad y de la atmósfera y la prevención de la erosión del suelo y la desertización.
Las administraciones son muy proclives a considerar en sus planes las consecuencias del cambio climático. Sin embargo, parecen empeñadas en ignorar que el cambio climático traerá mayores inundaciones y sequías más intensas, lo que hará aún más necesarias las obras de regulación. Por eso, carece de todo sentido que las presas estén semiproscritas en las políticas públicas y que se fíe todo a las políticas de ahorro y promoción de los recursos alternativos: políticas que vienen bien y son útiles pero que no ayudarán sustancialmente a solucionar el problema de la garantía de agua.
