Durante los últimos años, en algunas capitales internacionales, se ha producido la recuperación paulatina de la gestión de los servicios de aguas por parte de las administraciones. Una vez finalizados los contratos con operadores privados, la administración opta por un cambio en la gestión, decidiendo hacerlo de forma directa.
Siguiendo esta tendencia, en los próximos años, veremos como en toda la geografía nacional van finalizando numerosas concesiones por la gestión del Servicio Municipal de Aguas en ayuntamientos cuyas Corporaciones Municipales están lideradas por grupos políticos que han llevado en su programa la recuperación de la gestión de estos servicios.
Esta situación genera un debate sobre la gestión de los servicios públicos de aguas en el que se presentan una batería de argumentos que apoyan la gestión directa e indirecta de estos servicios.
Los argumentos principales que defienden la gestión directa del servicio se centran en la idea de que los servicios prestados directamente, son más eficientes porque se elimina el beneficio de las empresas privadas. Además, la administración tiene una obligación con los ciudadanos que le hará repercutir esos beneficios con mayor sensibilidad social y ambiental.
Los argumentos principales para que una administración se decida por la gestión indirecta de un servicio son los siguientes:
- 1- La administración no puede mantener un servicio subvencionado. Los servicios municipales de gestión directa tienden a no actualizar las tasas aplicadas por ser una medida impopular, esto hace que el déficit del servicio aumente cada año y finalmente se haga insostenible.
- 2- La administración no tiene capacidad para asumir grandes inversiones que son necesarias en los servicios en determinados momentos.
- 3- Se produce una gestión ineficiente del servicio al no disponer de medios y personal adecuados en la administración. Esta situación se hace patente en casos de incorporación de infraestructuras complejas al servicio (ETAP´s, EDAR´s) Los ayuntamientos carecen de medios y personal para gestionar este tipo de infraestructuras y tampoco obtienen ayuda de otras administraciones.
En estos casos, la gestión indirecta es la opción más adecuada para prestar el servicio. Si todas estas situaciones se han superado con la concesión que finaliza, puede interesar a la administración la gestión directa, teniendo en cuenta sus limitaciones y necesidades.
En la prestación directa, la administración deberá dotarse del personal, los medios técnicos y la financiación necesarios para mantener los principios de sostenibilidad, eficiencia y conciencia social y ambiental que exige la ciudadanía.
Pero tal vez, antes de descartar una estructura de colaboración público-privada, deberíamos analizar esta sinergia para poder mejorar los puntos débiles y contribuir a la mayor eficiencia del servicio.
La empresa privada tiene una necesidad implícita de generar cada vez mayor beneficio. La política empresarial se ha basado históricamente en la obtención del máximo beneficio económico en el menor plazo posible. Los accionistas de estas corporaciones exigen el máximo beneficio cada año. Esto ha implicado en algunos casos un margen de beneficio excesivo o el descarte de inversiones necesarias por tener largos periodos de recuperación. Esta actitud influye directamente en la calidad de la gestión indirecta y le resta competitividad con respecto a la gestión pública.
La empresa privada deberá disponer de recursos para asumir las inversiones necesarias para el mantenimiento de la calidad en la prestación durante el tiempo de la concesión para ganar competitividad.
La administración ha utilizado el canon inicial de la concesión para proyectos que nada tienen que ver con el servicio y por tanto no le producen ningún beneficio. Esta práctica deberá descartarse ya que estaremos drenando recursos del servicio sin obtener ningún retorno.
Los datos utilizados en la licitación deberán ser completos y la información sobre el servicio deberá ser contrastada para evitar problemas en los planes de negocio derivados de un punto de partida que no se corresponde con la realidad.
La administración no podrá desentenderse de un servicio del que es titular y deberá disponer de los medios necesarios para el control de la ejecución de los contratos con capacidad suficiente para adaptarse a las circunstancias e imprevistos, analizando en cada caso las medidas a adoptar de forma que siempre se garanticen los principios de sostenibilidad, eficiencia y conciencia social y ambiental. La administración es titular de los servicios, lo que supone que es la responsable del tipo de prestación que están recibiendo los ciudadanos.
Los problemas de funcionamiento del contrato se solucionarían poniendo énfasis en los datos iniciales y los mecanismos de supervisión que debe aplicar la administración sobre las concesionarias.
Una vez analizados los habituales puntos débiles, tampoco está de más analizar los beneficios de la colaboración entre administración y empresa privada:
La empresa privada puede aplicar los beneficios de la economía de escala a pequeños contratos. La gestión de los recursos es mucho más ágil que en la administración pública, favoreciendo la rapidez en la solución de los problemas diarios. El know-how de los grandes operadores es una ventaja que suma a su favor.
Las políticas empresariales están cambiando en la actualidad. La responsabilidad empresarial está comenzando a tener peso en las políticas de las compañías. Esto se deriva de un cambio en la sensibilidad de la ciudadanía que ha empezado a rechazar a las empresas que no se comprometen con la sociedad, la innovación, la sostenibilidad, la eficiencia y el respeto al medio ambiente. Esta exigencia del ciudadano repercute en los planes de negocio de las operadoras que tendrán en cuenta la sostenibilidad del negocio promoviendo la responsabilidad social, ambiental y laboral.
Las ideas generales no se deben utilizar a la hora de decidir la mejor gestión para un servicio determinado. Deberá estudiarse cada caso y cada situación. Las administraciones responsables del servicio deberán apoyarse en estudios técnicos completos que analicen la problemática concreta y propongan soluciones individualizadas.
La prestación del servicio deberá ser eficiente y sostenible, esto redundará en beneficio de los ciudadanos que obtendrán el máximo rendimiento de los recursos que destinan a sufragar el coste del servicio que les presta la administración sea de forma directa o indirecta.
La exigencia actual de los ciudadanos es muy superior a la de hace pocos años y seguirá aumentando, es por esto que sector público y privado deberán colaborar en adaptarse y alcanzar los más altos niveles en la prestación utilizando y combinando las virtudes de cada uno de los dos sectores.
La administración deberá implicarse en la mejora de los servicios y su prestación, utilizando todos los recursos que puede ofrecer la empresa privada en la planificación y gestión de los servicios. Esta gestión deberá ser dinámica y tendrá que adaptarse a nuevas situaciones o exigencias que se presentarán durante su progreso.
La empresa privada deberá ponerse al servicio de todos los ciudadanos sobre los que tendrá que producir un impacto positivo. La innovación, la comunicación y la vocación de servicio serán fundamentales para su éxito.
