Sigo conversando con personas vinculadas al mundo del agua y el saneamiento para aprender y encontrar otros puntos de vista más allá del de ONGAWA. Esta vez es Violeta Cabello la protagonista. Violeta es investigadora en gobernanza del agua y doctora en geografía humana por la Universidad de Sevilla con una tesis centrada en cómo elaborar y aplicar un marco para la evaluación integrada de la implementación de políticas de agua en cuencas hidrográficas.
A continuación os dejo lo que me contó hace unos días:
Pregunta: ¿Qué cambia con el reconocimiento del agua y el saneamiento como Derechos Humanos?
Respuesta: Los Derechos Humanos aportan un marco discursivo y de sentido compartido sobre unas garantías de mínimos que han de ser igualitarias para todas las personas del planeta. El incluir el agua y el saneamiento como una de ellas impone cierta frontera de sentido común sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer con estos servicios: no se puede excluir de ellos a ninguna persona. Esto es un avance importante pero insuficiente para garantizar su provisión en condiciones al menos de equidad, puesto que realmente no tiene un carácter vinculante real ni para los estados ni para las empresas proveedoras. Tampoco establece las condiciones específicas a las que tendrían que ajustarse estas empresas, sino que se enfoca en determinados parámetros que deben ser el resultado del proceso sin atender a los medios por los cuales se consiguen dichos resultados. En mi opinión, lo que aporta el reconocimiento del DHAS es sobre todo una base argumentativa para que las personas que trabajan por su garantía vean reforzadas sus actuaciones tanto en el nivel legal como en la generación de opinión pública al respecto. A partir de ahí la materialización efectiva del derecho humano al agua y al saneamiento dependerá, como siempre, de la movilización ciudadana. Los derechos por desgracia no se dan, se toman.
P: ¿Qué opinas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en general y del número 6, el de agua y saneamiento, en particular?
R: Mi opinión sobre los nuevos objetivos se alinea más bien con el sector crítico puesto que vienen a legitimar un concepto dominante en la gobernanza ambiental global que lleva en su misma concepción una contradicción y ciertas limitaciones no resueltas. Esta contradicción hace referencia a que el DS se concibe como una conciliación entre discursos antagonistas: la narrativa ambientalista preocupada por los impactos de las actividades humanas sobre los ecosistemas, la salud y la desigualdad social por un lado, y por el otro la narrativa neoliberal que defiende la eficacia del sector privado en la gestión de los bienes comunes frente al estado y del libre mercado como la forma más eficiente de distribución de la riqueza. Si bien estas dos narrativas pudieron estar confrontadas durante las décadas de los 70 y 80 en debates políticos muy importantes, el DS las ató en un discurso inclusivo que resolvía el conflicto entre ellas: lograremos la sostenibilidad ambiental y la equidad social a través del crecimiento económico y el libre comercio. Esta operación discursiva es lo que Hajer denominó modernización ecológica, y logró poner fin o al menos dejar en la periferia a las críticas sobre centralidad del crecimiento económico (entendido de manera reduccionista como el crecimiento del PIB) como fin último de toda política económica. La pobreza pasó de ser la consecuencia de la desigualdad y la mala redistribución de la riqueza a ser el problema a resolver con los mismos medios de producción y bajo la sola supervisión de las instituciones internacionales existentes. Los ODS han recogido muchas de las inquietudes surgidas en los últimos veinte años en torno al desarrollo sostenible, pero selectivamente aquellas que de alguna manera casan con la ambigüedad del concepto, capaz de ocultar bajo la alfombra los conflictos que entraña. La visión subyacente continúa favoreciendo la intervención de grandes capitales privados en países ‘en vías de conseguir estos derechos’ como estrategia para conseguirlos, a la vez que deja fuera las cuestiones fundamentales: la alarmante espiral de desigualdad y sus causas, la hegemonía del capital financiero y la falta de regulación del mismo o el poder de las multinacionales sobre los gobiernos y sobre la propia Naciones Unidas en el desarrollo de los nuevos objetivos. Para mi está claro que la contradicción a la que hacía referencia ha conseguido sobrevivir a pesar de que la realidad cae por su propio peso sobre ella.
Con respecto al Objetivo 6 del agua y saneamiento, creo que tal como está planteado refleja la clásica visión técnica de los problemas del agua que deja fuera los aspectos sociales, políticos y de poder, centrales tanto la definición misma de los problemas a resolver como de las posibles soluciones. Se puede leer cómo utiliza la escasez hídrica y la sequía como fenómenos naturales causantes de pobreza y exclusión, como si no hubiese nada socialmente producido en ellos. O cómo realiza las clásicas predicciones apocalípticas a futuro cercano que no resistirían un mínimo de análisis riguroso de contexto. Para evitar el apocalipsis se plantean una serie de metas globales bajo el mismo estilo inclusivo que evita el conflicto, carentes también de un testeo de viabilidad y de una mínima hoja de ruta de cómo se podrían lograr en diferentes contextos. En definitiva, creo que es un objetivo que responde a una visión concreta, si bien dominante de la realidad de los problemas del agua, que defiende que éstos se pueden abordar a través de la inversión en tecnología e infraestructuras, para lo cual se necesitan sustanciales transferencias de dinero público a empresas privadas. En mi opinión, los problemas del agua son esencialmente políticos (y por políticos no me refiero a partidistas sino al hecho de que existen diferentes percepciones sobre cómo abordarlos) y requieren poner en la mesa los conflictos inherentes a los mismos así como los mecanismos para abordarlos de manera abierta y transparente. Mientras estas cuestiones centrales no sean abordadas de manera rigurosa por Naciones Unidas pensando en el lado de los débiles, de los que no gozan de este y los demás derechos, me temo que podemos escribir cuantos objetivos queramos sobre papel mojado.
P: Las estadísticas mundiales muestran un considerable avance en materia de acceso al agua desde 1990. Por ejemplo, en 2010 se alcanzó la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el dato más reciente muestra que las personas sin acceso se han reducido hasta los 663 millones. ¿Cuál debería ser entonces el principal reto para los próximos años?
R: Las estadísticas sin contextualizar pueden ser engañosas. Yo creo que el próximo reto debería ser doble. Por un lado cualificar las estadísticas usando indicadores más complejos que nos informen sobre cómo es dicho servicio. Hablar de derecho humano al agua requiere ir más allá de la mera cuantificación de un número de personas que tiene acceso a una cantidad mínima diaria, puesto que no cualquier tipo de agua es útil para garantizarlo. Es necesario caracterizar las características del agua que establece la definición del propio derecho: agua suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible. Ello requiere conocer quién y cómo está prestando y se está beneficiando el servicio de agua y saneamiento. Y esto me lleva a la segunda parte del reto, que sería abrir un debate en profundidad sobre los marcos institucionales de gestión del DHAS y del papel que Naciones Unidas está jugando en la integración de estos marcos con la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos ¿Nos vale cualquier medio que consiga el DHAS como efecto o resultado? ¿Nos dan igual empresas públicas que privadas? ¿Nos da igual cómo estas se regulan, si son transparentes, si rinden cuentas a sus usuarios? La experiencia hasta ahora demuestra que no da igual, y de hecho las movilizaciones más importantes por el DHAS han surgido de conflictos por marcos institucionales que han permitido la consideración del agua como un activo económico a privatizar, lo cual es una concepción extremadamente reduccionista de este recurso.
P: ¿Qué destacarías entre los efectos del cambio climático sobre el Derecho Humano al Agua?
R: Es difícil dar una respuesta general a esta pregunta porque depende en gran medida de los efectos regionales del cambio climático y de los problemas de garantía del DHAS que haya en cada región. A grandes rasgos creo que los efectos más preocupantes, por más inmediatos, no serán tan severos sobre el agua de abastecimiento como sobre el agua de producción alimentaria, esta es, el agua de la precipitación que se acumula en el suelo y alimenta las plantas. En las contabilidades globales el agua para abastecimiento humano es realmente muy poca (10%) en comparación con el agua para la agricultura. Es por ello que el derecho a la alimentación puede verse más afectado que el DHAS por reducción de las precipitaciones y aumento de la evapotranspiración con la temperatura. También es bastante probable que en determinados contextos (áridos y semiáridos) aumenten los conflictos por el uso del agua si se quiere aumentar la urbanización y la agricultura a la vez, aunque esto ocurriría con y sin cambio climático. La cuestión de fondo es siempre la misma: qué modelos de crecimiento planteamos en los territorios y qué modelos de metabolismo social de recursos naturales para abastecer dicho crecimiento teniendo en cuenta el contexto de cada lugar. Y, como dije anteriormente, las cuestiones de fondo suelen ser las que no se abordan.
P: ¿Existe competencia entre el uso del agua para consumo humano y otros usos? En caso afirmativo, ¿cuáles destacarías?
R: La respuesta a esta pregunta es: depende de la escala. Normalmente el agua para consumo humano tiene carácter prioritario de manera legal, por lo que de darse competencia con otros usos, por ejemplo en caso de sequía, se resuelve a favor del abastecimiento para consumo humano. Como dije anteriormente, el agua para consumo humano suele representar un pequeño porcentaje del consumo total a escalas regionales o superiores por lo que no suele existir competencia. Ahora bien, si nos vamos a escalas de subcuencas o locales, sí que hay en muchos casos competencia por la cantidad de agua entre uso urbano y agrario, sobre todo en zonas de expansión urbana. En el caso de usos industriales, la competencia es más bien por la calidad si dichos usos contaminan o deterioran la calidad de masas de agua que sirven para abastecimiento humano. También la agricultura puede contaminar acuíferos que abastecen poblaciones por fuentes difusas y este es un problema que posiblemente aumente en el futuro debido a la intensificación de la agricultura y el uso de agroquímicos.
P: ¿Podrías destacar alguna campaña, acción o iniciativa relacionada con los derechos humanos al agua y al saneamiento?
R: Sin duda la campaña Right To Water ha sido todo un éxito pues no sólo ha conseguido promover la primera iniciativa ciudadana europea con casi dos millones de firmas, sino también que el Parlamento Europeo la apruebe y que por tanto tenga que legislar al respecto en los próximos años. En España es muy destacable todo el movimiento en torno al Pacto Social por el Agua Pública que incorpora el DHAS como uno de sus pilares, y al que muchos ayuntamientos se están adhiriendo últimamente. El cómo se materialice esto en políticas concretas locales va a marcar un hito en la lucha global por el DHAS.
Muchas gracias por tu tiempo, Violeta.
