Noviembre de 1659, en la isla de los faisanes, en mitad del río Bidasoa se firmaba por los reyes Luis XIV de Francia y Felipe IV España el tratado de los Pirineos que a parte de los esponsales de sus hijos suponía la delimitación de forma casi definitiva hasta hoy día de la frontera de las dos naciones.
La convivencia y el aprovechamiento de los recursos naturales de los territorios fronterizos precisó no obstante de ulteriores actualizaciones y ampliaciones de ese acuerdo y así los tratados de Elizondo en 1785 y los tres tratados de límites de Bayona suscritos entre 1856 y 1868 recogieron en sus actas aparte de cuestiones de aguas marinas, amojonamientos, pastos y comunicaciones un concienzudo reglamento concerniente al uso de las aguas fronterizas continentales y especialmente en lo que atañe a la cuenca del Ebro en la comarca de la Cerdaña, con la regulación de los aprovechamientos en los ríos Vanera, Rahur, Tort-Tartarés, todos ellos afluentes del Segre, alumbrados en Francia y aprovechados en ambos países y la gestión de los canales internacionales en ellos situados de Puigcerdá, Angustrina y Llivia.
En 1875 se creó una “Comisión Internacional de los Pirineos” para aplicar e interpretar estos tratados. Esta comisión no adoptaba ni adopta decisiones ejecutivas sino que se limita a formular recomendaciones a los dos gobiernos, estando bajo la autoridad de los dos ministerios de asuntos exteriores siendo sus presidentes embajadores o ministros plenipotenciarios. En la actualidad la Comisión Internacional de los Pirineos se convoca cuatrienalmente de forma alterna en Madrid y París.
A mediados del siglo XX la Comisión comenzó a desarrollar sus trabajos en lugar de forma plenaria, mediante cuatro subcomisiones sectoriales, una de las cuales trataba las cuestiones agrícolas, de protección de la naturaleza e hidráulicas.
Precisamente, para esta última cuestión que nos atañe, se creó en su seno la Comisión de Aguas fronterizas que debía resolver los temas puntuales de los cursos de agua que discurrían de un país al otro y la calidad de los mismos, íntimamente ligada al desarrollo de la depuración de las aguas residuales.
Sin embargo a esta Comisión de Aguas fronterizas se le escapó el gran conflicto fronterizo entre los dos países que fue el proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico del lago Lanós, también en la Alta Cerdaña. En la década de 1950 el desarrollo hidroeléctrico de los pirineos motivó esta importante crisis que supuso un “affaire” diplomático de gran entidad en las relaciones entre Francia y España.
El proyecto consistía en un embalse de 70 Hm3 de capacidad, el más grande de los pirineos franceses, a la cota 2213 metros s.n.m situado en el río Carol, afluente del Segre, del que derivaba una conducción forzada que permitía turbinar en la cuenca atlántica del Ariege a una importante central de 93,3 Mw de potencia instalada y una producción media de 110 Gwh/año, es decir, ello significaba un trasvase que privaba a la cuenca del Ebro de unos 20-30 Hm3/año.
El conflicto originado por la oposición de España resultó insoluble por los cauces habituales de la diplomacia y por ello fue sometido a un laudo internacional en las Naciones Unidas, donde España acababa de ingresar a finales del año 1955. El máximo responsable de la delegación española fue Luis Carrero Blanco, futuro presidente de gobierno, correspondiendo la presidencia del arbitraje al rey Gustavo Adolfo VI de Suecia y fallándose finalmente el mismo el 17 de Noviembre de 1957.
El desenlace final fue que la presa y el aprovechamiento hidroeléctrico fueron concluidos, acordándose la devolución de los volúmenes trasvasados desde la cabecera del río Ariege a la cuenca del Ebro en el río Carol, en un punto ubicado aguas abajo de la presa, con un mínimo de 20 Hm3 gracias a un canal específicamente construido para ello.
Como curiosidad las autoridades españolas estudiaron como respuesta ante el posible desacuerdo la posibilidad de interceptar y trasvasar a su vez a la cuenca alta del Ésera las aguas derivadas al río Garona mediante la formación Kárstica de Aigualluts, de lo cual hay constancia documental en el rico archivo de la Confederación.
El Garona
Una segunda cuestión fluvial que tampoco es tratada específicamente en la Comisión de Aguas fronterizas es la ordenación y gestión del Garona superior. En el tramo de unos 47 km comprendido entre su nacimiento y la frontera, el río Garona discurre por el Valle de Arán donde existe una intensa red de centrales hidroeléctricas cuya coordinación con las situados al otro lado de la frontera, la profundización en la información hidrológica para la gestión de las avenidas y la preservación de la calidad de las aguas fueron argumentos suficientes para que en el año 1963 se creara una Comisión específica para el Garona Superior.
Esta comisión se reúne bianualmente en la actualidad de forma alterna para tratar entre otros de estos asuntos y la representación española en la misma corresponde a las autoridades de Industria en Cataluña y a la Confederación Hidrográfica del Ebro
Por último cabe apuntar en estas resumidas líneas las cuestiones que se apuntan en el futuro próximo en el devenir de estas Comisiones y las relaciones transfronterizas con Francia. Dos aparecen como principales, la cohabitación de los tratados con el desarrollo y consolidación del derecho comunitario, indudable fuente de futuros trabajos para los juristas de ambos países y el papel y la realidad de la Europa de las regiones que cada vez más demandan su protagonismo en todos los ámbitos, incluido éste.
Hay un tercer país fonterizo, el coprincipado de Andorra, también a caballo de las cuencas del Ebro y del Ariege y de características peculiares del cual sólo apuntamos aquí su existencia.
No obstante y ello, la divisa real que comprometió allá en el siglo XVII a ambas monarquías en la Paz de los Pirineos sigue más vigente que nunca en este siglo XXI “aeternae concordiae Franciae et Hispaniae” y a este principio en la medida que le competa la Confederación Hidrográfica del Ebro contribuirá modestamente a su preservación.
