Tradicionalmente, la provisión de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en las ciudades había sido una responsabilidad asumida por gobiernos y por entidades públicas bajo su control pero, especialmente desde finales del siglo XX, la presencia de operadores privados se expandió por todo el mundo. Por otro lado, en la actualidad existe un movimiento importante de vuelta a la gestión pública por parte de algunos ayuntamientos en distintos países.
Sea una entidad pública o privada la que opere los sistemas, es preciso considerar el impacto o los riesgos que pueden producirse sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, con el fin de prevenirlos y corregirlos cuando se produzcan.
Al ser derechos humanos, el acceso a estos servicios esenciales debe regirse por su contenido normativo y, por tanto, debe ser seguro, aceptable, asequible y sin ningún tipo de discriminación, entre otras cuestiones. Porque, indudablemente, la forma en la que se gestionen estos servicios afecta a la vida de la gente, y es preciso identificar cualquier impacto en los derechos humanos.
Ante todo esto, el actual Relator Especial sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento, Léo Heller, está elaborando un Informe temático para presentar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre de 2020 sobre la privatización y estos derechos humanos.
Este Informe responde al mandato del Relator Especial, centrado en analizar temas cruciales en relación con los derechos humanos al agua potable y al saneamiento y en proporcionar recomendaciones y orientaciones a los gobiernos, a las Naciones Unidas y a otros actores interesados.
Objetivo del informe
El Informe pretende analizar la participación del sector privado en los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento desde el marco de los derechos humanos, evaluando sus posibles impactos y las respuestas requeridas para garantizar que estos derechos se cumplan, protejan y respeten adecuadamente.
Para ello, el Relator Especial mapeará los riesgos relacionados con la participación del sector privado en la provisión de servicios, con el fin de:
- Facilitar la comprensión sobre la identificación de los riesgos de la participación del sector privado para el disfrute de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento;
- Proporcionar recomendaciones/directrices a los Estados para la toma de decisiones relacionadas con la incorporación del sector privado a la prestación de servicios y la regulación de las acciones de los proveedores privados de agua y saneamiento para garantizar el respeto y la realización de los derechos humanos;
- Elaborar recomendaciones/directrices para el sector privado relacionadas con la realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento
- Reflexionar sobre cómo podrían actuar los Estados para abordar y minimizar el riesgo de violaciones de los derechos humanos por parte de actores privados en el contexto de la provisión de servicios de agua y saneamiento
No se trata de analizar los pros y contras de la gestión pública o privada, sino de identificar riesgos en la operación por parte del sector empresarial.
Participa en consulta internacional del Relator Especial
Para la preparación de su Informe, el Relator Especial está impulsando una consulta internacional para recoger argumentos y casos concretos que los sustenten para utilizarlos en la elaboración de su Informe.
Accede a las cuestiones de la consulta
Si quieres participar en la consulta aportando información a todas o a alguna de las cuestiones planteadas, envía un correo electrónico con tus aportaciones al Relator Especial antes del 31 de enero de 2020.
Puedes consultar más información preparada por el Relator Especial para esta consulta en la sección “Privatización” de su página web en Naciones Unidas.
Y si quieres conocer más los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento, puedes ver este Webinar.
Además, en los próximos meses compartiremos en este blog reflexiones e información relacionada con el sector privado y ambos derechos humanos.
ONGAWA está apoyando esta Consulta Pública Internacional con el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
