El anteproyecto de la Ley de Aguas andaluza, cuya tramitación ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, prevé la creación del Observatorio Público del Agua, como un nuevo órgano colegiado de participación social, para garantizar la transparencia y el consenso en la gestión del agua. Este organismo integrará, atendiendo a su representatividad e incidencia en la gestión, a miembros de las organizaciones a los usuarios domésticos, de defensa del medio ambiente y de los distintos sectores económicos vinculados al uso del agua.
Según establece el articulado del anteproyecto de Ley, el Observatorio Público del Agua tendrá carácter consultivo y elaborará las propuestas para el establecimiento de la estructura tarifaria de los servicios del agua en Andalucía, con el fin de aunar y homogenizar criterios a la hora de su aplicación en cualquier municipio andaluz.
Por otra parte, para una mejor eficiencia en el uso del agua e incentivar el ahorro de este recurso, el Observatorio propondrá criterios técnicos y la metodología para la cuantificación del rendimiento de las redes urbanas y, así, poder minimizar las pérdidas de agua. Finalmente, el órgano colegiado realizará estudios sobre la planificación, la gestión del uso del agua y del dominio público hidráulico y las demandas de agua para las distintas actividades económicas, entre otras materias.
La organización y funciones del Observatorio se establecerán en los Estatutos de la Agencia, así como sus componentes, “garantizando la participación de los interesados en la Administración del agua”. La persona que asuma la dirección del Observatorio, designada por el Consejo de Gobierno, tendrá que ser elegida entre profesionales de reconocido prestigio en el sector.
La nueva norma también incorpora la necesidad de que los Estatutos de la Agencia Andaluza del Agua, organismo de la Consejería de Medio Ambiente competente en la gestión de los recursos hídricos, regule órganos de participación en los que este principio esté garantizado. Con ello se da cumplimiento a lo establecido en la Directiva Marco de Aguas y a uno de los principios vectores del Acuerdo Andaluz por el Agua, suscrito por el Gobierno andaluz el pasado 3 de febrero.
Además de este nuevo órgano, el anteproyecto de Ley establece la constitución de la Comisión Interadministrativa del Estuario del Guadalquivir, con el objeto de coordinar, ordenar y dar eficacia a las medidas que puedan establecerse en este ámbito. Esta medida ya fue acordada en la última reunión de la Mesa de Seguimiento para analizar los episodios de turbidez y salinidad del estuario, en el que participaron representantes de distintas consejerías, corporaciones locales afectadas y miembros de organizaciones de regantes, arroceros y empresas de acuicultura, así como la Autoridad Portuaria, en cuya actividad incide directamente el estado del estuario del Guadalquivir.
La Comisión formará su propio reglamento de funcionamiento y organización interna y podrá suscribir convenios con la Administración General del Estado y las entidades locales interesadas, para coordinar eficazmente la gestión del recurso en este ámbito, del que dependen importantes sectores socioeconómicos.
