El presidente de la Junta, Manuel Chaves, ha presidido en Sevilla la firma del Acuerdo Andaluz por el Agua, un documento, suscrito por los principales agentes sociales y económicos de la comunidad, que marcará la política hidrológica de la región y que recoge los principales objetivos de la futura ley autonómica sobre esta materia. Durante su intervención, ha destacado que este plan, que prevé aprobarse a lo largo de la presente legislatura, supone una modernización de "hondo calado", que afecta a un "recurso vital" para Andalucía. El proyecto contempla, entre otras medidas, la delimitación de las zonas inundables, la gestión homogénea de las aguas subterráneas y superficiales o la creación de un observatorio y un banco del Agua.
En este sentido, el mandatario del Ejecutivo andaluz ha añadido que el texto constituye "un paso adelante muy significativo y nace con el objetivo de que, tal y como expresé en mi Discurso de Investidura, el agua quede al margen de la confrontación política y en su gestión prime siempre el interés general sobre los más particulares, que, por otra parte, han de ser atendidos en la medida de lo posible".
Chaves ha resaltado, asimismo, que en sólo cuatro años, la Junta de Andalucía ha pasado en materia de aguas "de una situación en la que nuestra competencia se limitaba a prestar un mero auxilio a las corporaciones locales a otra en la que hemos asumido la gestión de todos los recursos hídricos que transcurren por la comunidad, estando en condiciones de mejorar y modernizar la gestión y prestar un servicio de calidad a toda la sociedad andaluza".
Así, ha recordado el trayecto recorrido desde 2005, que "comenzó con la transferencia de la antigua Confederación Hidrográfica del Sur --actual Cuenca Mediterránea Andaluza--; que continuó con las cuencas del Tinto-Odiel y Piedras y del Guadalete-Barbate --Cuenca Atlántica--; y que culminó el pasado 1 de enero con la asunción de competencias sobre el río que vertebra y marca la historia de Andalucía, el Guadalquivir".
Un texto consensuado
Por otra parte, el presidente de la Junta ha valorado el proceso de elaboración del Acuerdo Andaluz del Agua -aprobado de forma unánime en el Parlamento-, donde han participado más de cien representantes de las organizaciones del Consejo Andaluz del Agua en 25 jornadas de debate, además de las 80 organizaciones que lo hicieron en la fase provincial, a la que asistieron más de un millar de interesados. "Un acuerdo surgido del consenso y de la concentración con quienes representan los distintos intereses que gravitan sobre el agua en nuestra comunidad. Sobre este espíritu y sus principios se desarrollará la política de aguas de la propia Andalucía", ha continuado Chaves.
Además, ha insistido en que fruto de este acuerdo "y con la misma voluntad de consenso", nacerá la futura Ley Andaluza de Aguas. Una norma, según ha manifestado, "hecha por todos los andaluces que nos permita encarar con solvencia el futuro y anticipar soluciones para unos sistemas expuestos a situaciones de riesgo hidrológico, como son los periodos de sequía o las inundaciones que afectan a nuestra tierra".
Casi un centenar de medidas
El texto suscrito incluye 97 medidas, planes y proyectos en torno a cinco ideas fundamentales: una gestión comprometida con las generaciones futuras; un uso sostenible y con garantía del agua; una administración hidráulica más moderna y eficaz; una participación activa de la sociedad, y un nuevo régimen económico y financiero para un uso responsable de los recursos hídricos.
Entre las medidas más destacadas, el documento fija el horizonte del año 2015 para completar el proceso de modernización de toda la superficie regable de Andalucía y alcanzar un buen estado ecológico de los recuros hídricos, así como plantea la creación del Banco Público del Agua, herramienta que se definirá en la futura ley autonómica y que permitirá adquirir el recurso en zonas excedentarias para emplearlo en otros usos, siempre con prioridad para atender demandas de interés general y situaciones de sequía. El presidente de la Junta ha señalado que este órgano operará "bajo estrictos criterios de control público, transparencia, información y aplicación del principio de cautela, en relación con los posibles efectos socioeconómicos, territoriales y medioambientales de cambios de usos del agua".
Otras previsiones recogidas son la delimitación de las zonas inundables en un plazo de cuatro años; la gestión homogénea de las aguas subterráneas y superficiales para garantizar la unidad del ciclo hidrológico; o la creación del Observatorio Público del Agua, que establecerá estándares de calidad sobre el servicio que se presta a los usuarios. Este instrumento, ha dicho Chaves, "permitirá evaluar y definir los criterios claros y transparentes para el establecimiento de las tarifas". "Se trata de un órgano pionero en España, con capacidad para exigir información comparable y fiable y con facultades para elaborar reglamentos y directrices que faciliten la intervención de la Administración, con el fin de mejorar y armonizar la prestación de servicios".
Incentivos para el ahorro
El documento apuesta también por abordar una modernización del régimen económico y financiero del agua para garantizar los principios de equidad, eficiencia, calidad, responsabilidad medioambiental y transparencia, así como para incorporar el criterio de recuperación de costes, previsto en la legislación comunitaria. Para ello, el Acuerdo establece que todos los usuarios deberán contribuir a la financiación de los gastos de gestión del agua de forma "equitativa y proporcional" a los servicios recibidos, con fórmulas como la facturación por consumo en lugar de por superficie. "Perseguimos la implantación de tarifas que incentiven el ahorro y penalicen el mal uso", ha indicado el presidente de la Junta.
"En definitiva --ha afirmado el jefe del Gobierno andaluz-- queremos tener una visión integral del ciclo del agua en Andalucía, sin olvidar, ni mucho menos, el efecto positivo que el acuerdo va a surtir sobre la generación de empleo y sobre la actividad económica en la comunidad". Asimismo, Chaves ha avanzado que "este efecto positivo será especialmente relevante en el medio rural, a través del considerable volumen de inversiones en obras de modernización de regadíos, saneamiento, depuración o conducciones que se contemplan".
Las bases del documento fueron aprobadas el pasado 5 de diciembre por el Consejo Andaluz del Agua, máximo órgano de consulta y participación social en la materia, y por el Consejo de Gobierno el pasado 7 de enero, tras más de dos meses de debate y reflexión entre los agentes económicos y sociales, con participación de expertos y científicos, en torno a los distintos aspectos de la gestión del agua, su administración y su financiación.
