El presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, presentará mañana miércoles el libro 'La constitucionalidad de los nuevos estatutos en materia de agua', elaborado a propósito de la propuesta de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados
Se trata de una publicación editada por el Instituto Euromediterráneo del Agua y realizada por el catedrático de Derecho Constitucional y Político de la Universidad de Murcia, Ángel Garrorena Morales, y el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Rioja y especialista en temas relacionados con la planificación hidrológica, Antonio Fanlo Loras.
Ambos expertos en Derecho analizan en este libro las reformas estatutarias, con especial atención al proyecto de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, y en referencia concreta a la constitucionalidad de las disposiciones y artículos en materia de agua que contempla.
Análisis pormenorizado
En este estudio, los catedráticos realizan un análisis pormenorizado de los argumentos constitucionales sobre los que fundamentan las actuaciones y derechos que se atribuyen los estatutos de autonomía en materia de agua.
En concreto, concluyen que el proyecto de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha excede la función constitucionalmente atribuida a los estatutos y menoscaba las competencias que corresponden al Estado en materia de agua, todo ello, según se indica en el texto, "en detrimento de los intereses formalmente ya atribuidos por el Estado a la Comunidad de Murcia" como beneficiaria de las transferencias de agua procedentes de la cuenca del Tajo.
Unas atribuciones y legislación respecto del Trasvase Tajo-Segura, explican los autores, que "deben ser sólo y exclusivamente modificadas por el Estado, no por los estatutos de autonomía”.
"Principio de solidaridad"
Según los autores, la disposición transitoria primera del proyecto de reforma del Estatuto castellano manchego, que pretende poner fecha de caducidad al Trasvase Tajo-Segura, "muestra la indisimulada existencia de un ánimo beligerante que no se corresponde bien con el designio que debe presidir en la elaboración de estas normas, llamadas después a integrarse en un orden común regido por los principios establecidos en la Constitución Española".
Asimismo, argumentan que las distintas disposiciones transitorias, que analizan una a una, no respetan un principio claro promulgado por la propia Constitución, el 'principio de solidaridad' (artículo 2 de la Constitución española). Además, este principio hace imposible que los estatutos estén presididos por un ánimo de confrontación incompatible con el 'principio de lealtad constitucional', y la propuesta de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, concluyen los autores, "incluye enunciados que afectan directamente a este juicio".
También analizan los expertos que han elaborado este documento la importancia que tienen las nuevas formas de incidir las comunidades sobre la posición del Estado en materia de agua, "forzando en muchas ocasiones sus márgenes de actuación y la constitucionalidad", en referencia a las reservas de agua a favor de una Comunidad.
A partir de estos argumentos, los autores analizan uno a uno todos los artículos y disposiciones relativas a las atribuciones del Estatuto castellano manchego en materia de agua.
