La Plataforma del Ter ha denunciado ante los tribunales el incumplimiento por parte de la Agencia Catalana del Agua (ACA) del caudal ecológico que establece la ley del Ter de 1959 y ha reclamado al juez medidas cautelarísimas para obligar al ACA a soltar agua de los pantanos.
El presidente de la entidad, Francesc Camps, explicó a diversas fuentes que es 'ilógico e incongruente' que se mantenga la situación de excepcionalidad por sequía 'para incumplir la ley', cuando podría cumplirse porque en los embalses hay agua suficiente'.
'Es indignante que por la mala planificación, desde hace décadas, el 75% del agua del Ter se trasvase a la cuenca del Llobregat y en algunos veranos se haya llegado al 90%', ha manifestado el presidente de la Plataforma que estima que en estos momentos por el río no llega a circular ni un metro cúbico de agua.
La Ley del Ter establece que por el río circulen al menos 3 metros cúbicos por segundo a su paso por Girona, que se destine 1 metro cúbico por segundo para abastecer esa ciudad y a la Costa Brava, y que exista una dotación para regadíos de 150 hectómetros cúbicos al año.
La Plataforma ha presentado su recurso ante los juzgados de lo Contencioso Administrativo de Barcelona el último día hábil antes de las vacaciones de agosto, por lo que no esperan que este se pronuncie hasta setiembre.
Antes de entregar la documentación en el registro, el presidente de la Plataforma ha explicado que desde el pasado otoño la situación en la cuenca del Ter es 'dramática'.
Francesc Camps ha señalado que el incumplimiento de los caudales mínimos del Ter, no solo afecta a la actividad agrícola y supone que los regantes no cuenten con suficiente agua para sus campos, sino que agrava la salinización de las aguas subterráneas, causando la muerte de los bosques de ribera y el empeoramiento de la calidad del agua que reciben 150.000 personas.
La Plataforma, que congrega más de 60 instituciones de la cuenca del río, ya envió el pasado 15 de abril un escrito de reclamación al ACA exigiendo el cumplimiento de la norma, pero la agencia lo rechazó, por lo que ahora han decidido acudir a los tribunales.
