En España, la agricultura de regadío se está enfrentando a múltiples desafíos, como la escasez de agua, la aprobación del nuevo ciclo de planificación, la entrada en vigor del reglamento europeo sobre reutilización, la demanda social de un uso sostenible de los recursos hídricos y los programas de modernización y digitalización de los regadíos financiados por el PRTR.
De acuerdo con Fernando Miranda, secretario general de Agricultura y Alimentación del MAPA, «los regadíos son imprescindibles para garantizar la seguridad alimentaria». El sector agroalimentario contribuye con más del 10% del PIB nacional, genera más de 2,8 millones de empleos y cuenta con unas exportaciones superiores a los 60.000 M€. Además, el regadío genera importantes servicios ecosistémicos beneficiosos para la naturaleza, como el secuestro de carbono, el apoyo a la biodiversidad, la mejora del paisaje y el mantenimiento de la vida rural. Por contra, el regadío consume un 80% de los recursos hídricos disponibles, lo que supone una fuente de conflictos entre regiones y con otros usos. Asimismo, unas malas prácticas agrícolas pueden provocar un gran impacto medioambiental, como la contaminación de las masas de agua, la degradación del suelo y la pérdida de hábitats. Por otro lado, la caída de la producción agrícola debida, principalmente, a la escasez de agua, el incremento de los costes de producción y normativas más restrictivas, está provocando un aumento del precio de los alimentos, lo que afecta a la capacidad adquisitiva de los consumidores. Pero las perspectivas no son nada halagüeñas, según Manuel Pimentel, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales: «Estamos en una escalada de precios de los alimentos que no ha hecho más que comenzar».
El regadío debe adaptarse a las nuevas condiciones y exigencias, buscando soluciones innovadoras y eficientes para optimizar el uso del agua y la energía
Ante este escenario, el regadío debe adaptarse a las nuevas condiciones y exigencias, buscando soluciones innovadoras y eficientes que permitan optimizar el uso del agua y la energía, mejorar su competitividad y reducir su posible impacto ambiental. En este sentido, el XXXIX Congreso Nacional de Riegos puso de manifiesto los principales retos del sector, como el cambio climático, las sequías, unos requerimientos de producción y calidad cada vez mayores, un permanente incremento del coste unitario de los insumos y la competencia en un mercado global con distintas reglas sociales, ambientales y arancelarias. Para afrontar estos retos, la planificación hidrológica es un instrumento clave, pero últimamente ha generado gran controversia y críticas desde algunos sectores. FENACORE señala que el nuevo ciclo de planificación hidrológica 2022-2027 pone en riesgo la demanda de agua para la agricultura al incrementar los caudales ecológicos sin criterios técnicos adecuados y al eliminar muchas obras de infraestructuras necesarias previstas en los anteriores planes hidrológicos. Además, el nuevo ciclo supone una considerable reducción del Trasvase Tajo-Segura, que es vital para el levante español, al fijar unos polémicos caudales ecológicos en el río Tajo superiores a los mínimos legales preestablecidos. Según un estudio de la Universidad de Alicante, este recorte provocaría la pérdida de 15.322 empleos.
Destacar que el regadío español se encuentra en un proceso de cambio y adaptación. Lleva décadas realizando su modernización, con la incorporación de recursos no convencionales, actuaciones para reducir su consumo de agua y energía, el uso de energías renovables y de las últimas tecnologías. Entre las herramientas más innovadoras que se están empleando destacan el big data, los sensores IoT, las imágenes multiespectrales y la inteligencia artificial. Todo ello, está generando grandes avances para producir más con menos recursos, garantizando una actividad totalmente compatible con el medioambiente.
Finalmente, no se puede obviar que las diferentes administraciones juegan un papel esencial en garantizar el agua que demandan los cultivos, con una calidad agronómica adecuada y a un precio asumible por los agricultores.
