No hay duda de la revolución que la revisión de la Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas va a significar, y la oportunidad de país que debemos aprovechar en la transposición de dicha Directiva.
La gobernanza y la transparencia serán protagonistas clave y se impulsarán cambios en la gobernanza del agua en España, que se acabarán trasladando a otras dimensiones de la planificación y gestión del agua.
Ampliar el alcance de la depuración de aguas residuales va a suponer un nuevo reto a nivel territorial en España, después de los precedentes de incumplimientos de la Directiva que se han trasladado al Tribunal de Justicia de la UE y que se están traduciendo en multas comunitarias que aún seguimos abonando.
Para alcanzar estos objetivos, que colaboran con las políticas del reto demográfico, la Directiva propone un nuevo instrumento de gobernanza como son los planes nacionales de implementación, en los que, en coherencia con los programas de medidas de los planes hidrológicos, se definan todas las inversiones necesarias para materializar la correcta y completa puesta en práctica de las obligaciones marcadas por la Directiva. Estos planes deben establecer una adecuada planificación de las inversiones y establecer los mecanismos de corresponsabilidad y colaboración entre las administraciones públicas implicadas, aprendiendo de los aciertos y errores cometidos en el pasado, con la aplicación de la anterior Directiva.
Es necesario que, acompañado a dichos planes, exista un sistema de información público, accesible y actualizado de indicadores de la ejecución de la Directiva, a modo de panel de control, identificando claramente las responsabilidades de cada administración.
Un cambio de mentalidad en la gobernanza del agua es lo que va a exigir la transposición de la Directiva, además de los retos técnicos
Otra de las grandes novedades sobre gobernanza es la implementación de la figura de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), para cubrir los costes adicionales derivados del tratamiento cuaternario, aplicando el principio de que «quien contamina paga» de los productores de productos farmacéuticos y cosméticos que contaminan las aguas residuales urbanas con microcontaminantes, y que tendrán que cubrir, como mínimo, a través de un sistema de responsabilidad ampliada del productor, el 80% de los costes de este tratamiento adicional.
La implementación de esta figura en el sector del agua será clave, dado que la Comisión evaluará si pueden añadirse otros sectores al régimen de responsabilidad ampliada del productor, como pudieran ser los fertilizantes, aspecto que fue analizado en Conama 2022 por el comité técnico de Gobernanza del Agua.
Es necesario que el sector del agua recoja inteligentemente las lecciones aprendidas de la aplicación de esta figura, de colaboración público-privada, en el sector residuos, con más de veinticinco años de experiencia, para no cometer los mismos errores. La Fundación Conama y la FEC organizaron el Foro RAP, un espacio donde analizar y debatir sobre el funcionamiento de esta figura, para transformarla ante los importantes cambios legislativos que se han impulsado y el aumento de la ambición en materia de economía circular.
Para garantizar la transparencia entre los operadores y el público, en un contexto de mercado cautivo, la Directiva exigirá a los operadores que publiquen, de forma accesible y transparente, indicadores clave de rendimiento. El comité de Agua y Economía Circular de Conama ha analizado varios indicadores al respecto que pueden servir de base.
El PERTE de Digitalización del ciclo del agua va a ser una gran oportunidad para lograr estos objetivos, además del futuro Observatorio de la Gestión del Agua en España, una herramienta de gobernanza que permitirá mantener toda la infraestructura digital que se va a implantar y que puede jugar un importante papel en el desarrollo de esta Directiva.
Un cambio de mentalidad en la gobernanza del agua es lo que va a exigir la transposición de la Directiva, además de todos los retos técnicos que se presentan, con un último fin, servir a la regeneración del capital natural.
